AN revoca decisión del juez en caso 'Púnica' contra Granados por trama ayuntamientos.
La Audiencia Nacional ha revocado el auto de pase a procedimiento abreviado del juez instructor Manuel García Castellón del pasado 12 de abril, en el que propuso juzgar al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, junto a otras 20 personas, en la pieza 5 del caso 'Púnica'. Esta pieza se refería a presuntas irregularidades en contrataciones de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.
La Sala de lo Penal ha atendido así el recurso del exconsejero de la Comunidad de Madrid en el que señalaba que los hechos que se han investigado en la pieza separada 5 se produjeron entre 2010 y 2014, después de que hubiera dejado la alcaldía de Valdemoro e, incluso, en algunos casos, cuando ya había dejado la política. Añadía que no se le había preguntado en ningún momento por los hechos de dicha pieza separada.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó la pretensión de Granados al entender que su inclusión en esa pieza separada se debió "al error" de trasladar la información del recurrente de las piezas 4, 8, 10, 11 y 12, en las que sí figura como investigado y es "partícipe nuclear en los hechos de corrupción" allí investigados.
La Sala de lo Penal subraya que la cuestión no es "baladí" puesto que ya ha tenido que pronunciarse en otro supuesto similar en el que una investigada fue incluida en el auto de procesamiento en una pieza separada en la que no se hallaba investigada. Según la resolución de la Sala, la inclusión en el auto combatido del señor Granados Lerena no ha sido correcta a tenor de las explicaciones del recurso, abonadas por la Fiscalía.
En la pieza separada 5 se ha investigado la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, y se ha constatado una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa.
En todos los contratos, se constata una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tienen la referida responsabilidad. "Se trata de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso", apuntaba.