Almeida lidera la comisión para abordar las deficiencias de la Ley de Capitalidad después de 15 años.
MADRID, 4 Oct. - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha iniciado la Comisión para la Reforma del Régimen de Capitalidad de Madrid debido a las deficiencias que presenta después de más de quince años de existencia. La ley fue aprobada en un proceso de concertación entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento de Madrid, basado en la lealtad institucional y la colaboración interadministrativa. Según el decreto firmado por el alcalde y consultado por Europa Press, aunque la Ley de Capitalidad se considera un hito para la ciudad, en la actualidad adolece de varias deficiencias. Esto se debe tanto a la falta de adaptación a la legislación estatal aprobada desde entonces como a la ausencia de ciertas regulaciones importantes, como las relacionadas con el régimen financiero.
Por otra parte, la propia evolución de la estructura económica y social de Madrid, como capital del Estado y gran ciudad metropolitana, exige que el Gobierno municipal tenga las competencias y herramientas necesarias para enfrentar la gestión de un entorno urbano en constante cambio e innovación. Por esta razón, la comisión lleva a cabo un proceso de análisis que permitirá realizar propuestas de modificación y modernización del régimen de capitalidad. Estas propuestas serán presentadas a la Junta de Gobierno para su evaluación.
La comisión, presidida por el alcalde, está compuesta por personal del Ayuntamiento de Madrid, expertos universitarios y juristas reconocidos en materia de régimen local. La selección de expertos y participantes en los grupos de trabajo se realizará en colaboración con el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el marco del convenio que se mantiene desde su participación en el proceso de elaboración de la Ley de Capitalidad.
En el pleno de la semana pasada, Almeida anunció que se espera que los trabajos finalicen en el primer semestre de 2024. Después, el texto resultante será sometido a las administraciones para su aprobación en las Cortes Generales.