La declaración del exasesor Antonio Burgueño ha sido suspensa luego de que este afirmara haber sido designado como mando único en materia de salud, lo que podría implicar su responsabilidad en el caso.

En la mañana de hoy, el exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha comparecido ante el juez que investiga las muertes ocurridas en residencias durante la primera ola del COVID-19. Reyero ha criticado que los protocolos de derivación a hospitales establecieron criterios que podrían calificarse de discriminatorios en la atención médica.

El juez de Instrucción número 6 de Leganés no solo ha interrogado a Reyero, sino también a Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y a Burgueño, quien fue asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el manejo de la pandemia desde marzo de 2020. Además, se escucharon las declaraciones de las dos querellantes implicadas.

El 17 de junio se espera la comparecencia de varios ex altos funcionarios del Gobierno regional, incluidos Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, así como la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina, a quienes se les investiga por presuntos delitos relacionados con la atención sanitaria durante la crisis sanitaria.

Fuera de los juzgados, un grupo de manifestantes convocados por Marea de Residencias exigió justicia mientras gritaban sobre el número de muertes ocurridas, demandando respuestas a los investigados sobre la gestión de la crisis.

Los ex funcionarios se enfrentan a la acusación de haber cometido un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, el cual se encuentra tipificado en el artículo 511 del Código Penal. Aunque este caso había sido archivado temporalmente, la Fiscalía Provincial solicitó su reapertura el 1 de abril.

Al concluir su declaración, Reyero recalcó que no fue el encargado de redactar los protocolos de actuación y manifestó que serían otros miembros de la Consejería de Sanidad quienes deberían aclarar cómo fueron elaborados esos documentos.

Explicó que los protocolos estaban enfocados principalmente a los hospitales y que se requería informar tanto a la Consejería de Políticas Sociales como a las residencias, enfatizando que el verdadero objetivo era el sistema sanitario, que había implementado un protocolo de geriatras de enlace.

Recordó que cuando tuvo acceso a los protocolos el 21 de marzo de 2020, se dirigió directamente al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a Carlos Mur, expresando su preocupación con una frase que se volvió emblemática: “si se aplicaban esos protocolos, las personas morirían de forma indigna”. Detalló que su advertencia se basaba en la discriminación que enfrentaban los residentes con altos niveles de dependencia y discapacidad.

Reyero enfatizó que considera que los protocolos presentaban un claro componente discriminatorio, basado en el lugar de residencia y el nivel de dependencia, aunque dejó en manos de los jueces determinar si esto constituye un delito.

El abogado de las víctimas, Carlos Castillo, comentó que las querellantes tuvieron la oportunidad de corroborar su testimonio durante el interrogatorio. Respecto a Abarca, mencionó que su declaración deja entrever que no hubo derivaciones directas desde las residencias hacia los hospitales privados bajo su supervisión.

Castillo subrayó que todas las derivaciones de residentes se realizaban a través de un hospital público, destacando que los recursos de los hospitales privados nunca fueron utilizados debido a la gestión centralizada establecida durante la crisis.

La fiscal, tras escuchar el testimonio de Burgueño en el que relató haber sido designado para coordinar el mando sanitario desde el 11 de marzo, solicitó suspender su declaración por la posibilidad de que en el futuro sea citado como investigado.

Carlos Mur, quien ejercía como director general de coordinación sociosanitaria en marzo de 2020, fue responsable de firmar los protocolos que limitaban la derivación hospitalaria para residentes durante la primera ola del virus.

Por su parte, Javier Martínez Peromingo, geriatra a cargo de 47 residencias, sucedió a Mur en el directorado general en mayo de 2020. Pablo Busca, por su parte, era el director del Summa 112 y tenía a su cargo las ambulancias durante la crisis sanitaria, siendo las asociaciones de víctimas críticas en su opinión sobre la gestión de las ambulancias que supuestamente no trasladaban a los residentes enfermos.

Cabe destacar que la causa abierta en el Juzgado 6 de Leganés no nace de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de algunas víctimas de la atención en residencias durante la pandemia.