En Madrid, el 31 de enero, ha surgido una alarmante advertencia proveniente de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. La funcionaria ha estimado que la Comunidad de Madrid podría enfrentarse a una pérdida mensual de alrededor de "260 millones de euros" a raíz del fracaso del decreto ómnibus que el Gobierno central intentó aprobar hace tan solo una semana. Este intento fue desechado debido al voto en contra por parte de los propios miembros del Partido Popular (PP), junto con Junts y Vox en el Congreso de los Diputados.

Albert comunicó estas preocupaciones a la prensa el pasado viernes, tras reunirse con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos de España (ATA). Durante esta comparecencia, enfatizó que la falta de actualización en los pagos mensuales por parte de la Administración central hacia las comunidades autónomas es una situación que "molesta y duele" a su Gobierno regional.

La consejera resaltó que no recibirán las actualizaciones presupuestarias correspondientes a 2025, que representan un impacto de 135 millones de euros mensuales necesarios para mantener los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales. Asimismo, también se verán afectadas las transferencias de 2024, que sumarían 126 millones de euros adicionales para la Comunidad de Madrid. Así, se trata de una pérdida superior a los 260 millones de euros que, como ha manifestado Albert, ya se sabía que correspondían a la región, pero que ahora serán pospuestos ante la incertidumbre que rodea a la toma de decisiones, especialmente al depender de negociaciones entre Junts y el presidente Pedro Sánchez.

Cabe destacar que estas entregas a cuenta, unas asignaciones económicas que el Estado distribuye anticipadamente a las comunidades autónomas en función de la previsión de recaudación fiscal del año, son una pieza clave que estaba contemplada en el mencionado decreto ómnibus, cuya validez decaía el 22 de enero. En el desglose, Madrid se ubica entre las regiones más perjudicadas, con unas estimaciones de pérdida que rondan los 1.280 millones de euros, siendo igualmente afectadas Andalucía y Cataluña.

Posteriormente a estos acontecimientos, el Gobierno central se vio forzado a presentar un nuevo decreto ómnibus en colaboración con Junts, en el que se excluyeron diversas medidas que formaban parte del primer proyecto. Entre las disposiciones retiradas se encontraban precisamente estos pagos mensuales que afectan a las comunidades autónomas.

En esta misma línea, Albert ha señalado que Carles Puigdemont, presidente de Junts, quien juega un papel preponderante en las negociaciones actuales, ha expresado que todos los temas relacionados con fiscalidad quedarán fuera del alcance de estas conversaciones.