Crónica Madrid.

Crónica Madrid.

Adolescente de 13 años ataca a su pareja de 16 en un edificio okupado en Carabanchel.

Adolescente de 13 años ataca a su pareja de 16 en un edificio okupado en Carabanchel.

En un preocupante incidente ocurrido en el corazón del distrito madrileño de Carabanchel, un joven de tan solo 13 años agredió a su novia, de 16, el pasado domingo. Las fuentes policiales han confirmado a Europa Press que la joven sufrió heridas leves durante el altercado, que tuvo lugar en un polémico edificio okupado reciente. Este suceso plantea serias interrogantes sobre la seguridad y estabilidad en áreas donde la ocupación ilegal ha proliferado.

El lamentable episodio se desarrolló el 19 de enero alrededor de las 16 horas en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Excelente y Blanca. Este edificio ha sido recientemente tomado por familias peruanas en situación de vulnerabilidad. Según se relata, la confrontación entre los jóvenes culminó en agresiones físicas, en presencia de otros menores que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, se desplazó una ambulancia del Samur-Protección Civil para atender a la víctima, quien presentó un fuerte dolor en la rodilla, aunque finalmente fue dada de alta en el mismo lugar, según ha indicado un portavoz de Emergencias Madrid. Este tipo de violencia entre menores es una alarmante señal que debería encender todas las alarmas en la sociedad.

Agentes de la Policía Nacional también acudieron al escenario de la agresión, donde se entrevistaron con la afectada. Sin embargo, no pudieron arrestar al presunto perpetrador, un menor identificado por su implicación en episodios violentos previos, debido a su condición de inimputable. A pesar de ello, se abrió un informe policial que será remitido a la Fiscalía de Menores, un paso que muchos consideran insuficiente ante la gravedad de la situación.

Investigaciones iniciales sugieren que una mafia ha estado involucrada en la venta ilegal de estos inmuebles situados en el PAU de Carabanchel. Según alegaciones, habrían ofrecido estas viviendas a familias peruanas por sumas que oscilan entre 2.000 y 3.000 euros, aprovechándose de la vulnerabilidad social de los afectados. Sorprendentemente, a estas familias no se les había permitido habitar el lugar antes de ser okupado.

La macro ocupación tuvo lugar durante el puente de la Inmaculada, cuando casi una treintena de familias llegaron con furgonetas de mudanza para tomar posesión de los apartamentos, tras cambiar las cerraduras, ante la mirada atónita de los vecinos que cumplen con sus obligaciones legales pagando alquileres entre 800 y 1.500 euros. Este conflicto pone de manifiesto la creciente crisis de la vivienda y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.

Los okupas han implementado métodos de acceso que les permiten controlar la entrada al edificio, incluso contando con alguien que actúa como conserje para abrir la puerta. Los residentes legales han expresado su frustración, alegando que las normas de convivencia son constantemente violadas, con problemas de ruido y confrontaciones frecuentes. Este ambiente hostil ha dado paso a la presencia de grupos pandilleros en el área, intensificando la preocupación de la comunidad.

En respuesta a la creciente problemática, la empresa propietaria del inmueble ha tomado medidas reforzadas de vigilancia, incluyendo la instalación de sistemas de alarma y la contratación de una empresa de desocupación. Sin embargo, la situación se ha tornado violenta, con trabajadores de esta empresa enfrentándose a agresiones por parte de los okupas cuando intentaron cumplir con su labor. Hasta ahora, los desalojos han sido mínimos, dejando a muchos residentes en una situación de incertidumbre.

Por otra parte, el pasado lunes por la tarde, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, sostuvo un encuentro con el comisario de la Policía Nacional de Carabanchel y varios miembros de la comunidad de vecinos de la calle Excelente, con el fin de analizar sus inquietudes. La Policía ya ha recibido denuncias de los inquilinos legítimos, quienes temen por su seguridad, así como de los okupas, que alegan haber sido víctimas de estafas. Este complejo entramado de intereses y conflictos pone de relieve la necesidad urgente de abordar la crisis de la okupación en Madrid con más resolución.