En un reciente giro del caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Abogacía del Estado ha pedido una pena de tres años y nueve meses de prisión, además de una multa equivalente a 448.000 euros, en relación con un presunto fraude fiscal que habría tenido lugar entre 2020 y 2021.

Documentos a los que ha tenido acceso Europa Press revelan que el organismo estatal acusa a González Amador de dos delitos contra la Hacienda Pública, combinados con un delito de falsedad en documento mercantil. Así, se ha solicitado que se le juzgue por estas infracciones en la fase intermedia del procedimiento judicial.

En detalle, la acusación por los hechos de 2020 reclama una condena de un año y nueve meses de cárcel, así como la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de una multa que asciende a 155.000 euros, correspondiente al monto que se sostiene fue evadido.

Por otro lado, para el caso correspondiente a 2021, la Abogacía del Estado propone una pena de dos años y un día de prisión, acompañado de la misma inhabilitación y una multa de 150% de la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda.

Este desarrollo legal ocurre tras la decisión de la jueza Inmaculada Iglesias de continuar adelante con la tramitación del caso por los conductos del procedimiento abreviado, después de que se iniciara una investigación a partir de una denuncia planteada por el Ministerio Fiscal.

La base de esta investigación radica en indicios que apuntan a delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades durante los años mencionados. En una declaración, llevada a cabo el 24 de febrero, González Amador decidió no testificar, amparándose en su derecho a no declarar bajo el consejo legal de su defensa, en espera de la resolución de un recurso sobre la apertura de una pieza separada del caso.

Solo una semana más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a investigar otros posibles delitos, por fuera de los que ya se estaban abordando en la causa principal. Durante una comparecencia, González Amador documentó los ingresos que obtuvo de la firma Quirón Prevención y rechazó las acusaciones de haber ocultado ingresos a través de una supuesta sociedad instrumental.

La denuncia de la Fiscalía se fundamenta en un análisis de la Agencia Tributaria que destacó la aparición de "gastos ficticios" soportados por facturas de diversas compañías, que no corresponden a servicios realmente ofrecidos, todo con la intención de eludir una mayor carga fiscal en el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2020 y 2021.

En 2022, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. Este documento señalaba la existencia de indicios de delito relativo al Impuesto Sobre Sociedades de los años 2020 y 2021, relacionados con un presunto fraude tributario superior a 120.000 euros, así como un posible delito de falsedad documental debido a la presentación de facturas que no corroboran servicios efectivamente prestados, con el fin de reducir la cuota que debía ser tributada.