En un giro inesperado en el ámbito laboral, la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tomado la iniciativa de dirigir una carta tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, instando a estos organismos a intervenir en relación con un reciente acuerdo que considera lenitivo para los derechos de los trabajadores públicos. Según Díaz, este convenio, que se ha implementado en la Comunidad de Madrid, podría significar una limitación inaceptable al derecho constitucional de huelga.

La controversia gira en torno a un acuerdo aprobado el pasado 11 de diciembre por la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, que regula las condiciones laborales de los empleados públicos madrileños. Este acuerdo fue posteriormente publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 23 de diciembre, lo que ha generado una ola de debate sobre su legitimidad y sus implicaciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han dado a conocer que el contenido del artículo 10 y la disposición adicional décima del convenio en cuestión son especialmente problemáticos. Estas cláusulas permitirían a la administración regional suspender la implementación de la carrera profesional horizontal y detener sus efectos retributivos en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de los sindicatos que han firmado el acuerdo.

Desde el Ministerio se argumenta que una disposición de este tipo constituye un severo castigo al ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión, calificándolo como un "atentado evidente" a esos derechos que son esenciales en una sociedad democrática.

El análisis del Ministerio va más allá al cuestionar la degradación de la participación democrática de los trabajadores, un fenómeno que resulta aún más preocupante dada su ocurrencia en convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de una Comunidad Autónoma tan significativa como Madrid.

Además, se subraya que esta cláusula de "paz" en el convenio parece exceder lo que es aceptable en el ámbito de los acuerdos laborales, generando repercusiones que afectan no solo a las organizaciones que han firmado el acuerdo, sino también a los trabajadores en general, lo que puede incluir consecuencias adversas no previstas en la legislación sobre libertad sindical.

En este contexto, el Ministerio de Trabajo ha denunciado que el convenio y su acuerdo respectivo pueden ser objeto de impugnación, ya que, según su evaluación, infringen los preceptos constitucionales actuales y, por ende, perjudican gravemente los intereses de terceros. Por lo tanto, han instado a la Fiscalía a presentar los procedimientos adecuados para impugnar el convenio colectivo y evaluar las acciones penales que pudieran ser pertinentes.

Por último, el Ministerio enfatiza que ha solicitado tanto a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo que actúen de manera oficiosa ante la inacción de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que ha sido la encargada de publicar los textos en cuestión. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un escrutinio más riguroso de los acuerdos que afectan a la garantía de derechos laborales fundamentales en el país.