Decenas de vecinos de los distritos de Carabanchel y Aluche se reunieron este sábado en una manifestación enérgica, con el objetivo de exigir al gobierno local la construcción de viviendas públicas en el terreno de la antigua cárcel de Carabanchel. Este terreno fue recientemente transferido por el Ministerio del Interior a una nueva empresa pública dedicada a la vivienda, pero los manifestantes demandan también la creación de un hospital y más instalaciones que beneficien a la comunidad.

La manifestación fue organizada por el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, en colaboración con la Asociación Vecinal de Aluche (AVA) y el Sindicato de Inquilinas del distrito de Latina. Los asistentes se concentraron frente a la estación de Metro de Eugenia de Montijo, donde aprovecharon para reiterar sus demandas de infraestructura y vivienda pública en los terrenos del antiguo penal, que fue cerrado en 1998 y demolido una década después. También pidieron la recuperación de una parcela actualmente en manos de la inmobiliaria Pryconsa.

Montse Valiño, portavoz de la AVA, expresó en declaraciones a Europa Press que la principal demanda es que las viviendas que se construirán sean de alquiler social. “El gobierno ha anunciado que venderá los terrenos a una empresa pública para la construcción de pisos públicos, pero no confiamos plenamente en ello”, añadió Valiño, destacando experiencias pasadas donde las viviendas públicas fueron vendidas a fondos de inversión, desembocando en procesos de desalojo.

La portavoz insistió en que si las viviendas son públicas, su carácter debe mantenerse de forma permanente. Pablo Dones, representante del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, subrayó que el alquiler de estas viviendas no debería superar el 20% de los ingresos de la unidad familiar, enfatizando que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental.

Los manifestantes se mostraron firmes en su demanda de que los alquileres se mantengan accesibles a largo plazo para evitar la especulación en el mercado inmobiliario. Valiño recalca que este es un aspecto crucial para frenar el aumento desproporcionado de los pisos en una zona donde los intereses inmobiliarios son notoriamente elevados.

Alberto Crespo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Latina, hizo hincapié en que esta lucha es vital para establecer un límite en los precios de los alquileres y para ayudar a reducirlos, asegurando que la creación de vivienda pública es una necesidad urgente.

Los vecinos presentes expresaron que es imperante que se construya vivienda pública en el área del antiguo penal, ya que cada vez se ven obligados a trasladarse a lugares más lejanos y en condiciones menos favorables. “Estamos siendo desplazados a zonas que nadie desea habitar”, comentó uno de los manifestantes.

Además de la construcción de viviendas, las asociaciones locales también solicitaron la provisión de infraestructuras que mejoren los servicios públicos en el barrio. Una de sus principales reivindicaciones es la construcción de un hospital, el cual lleva en los planes de reordenación desde 1997, pero aún no ha sido ejecutado.

Según Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, hay suficiente terreno disponible para construir unas 600 viviendas, con una división parcial del terreno destinada a estos fines y otra parte para equipamientos esenciales, incluido el tan solicitado hospital.

Este hospital, aclamado por los vecinos, daría cobertura sanitaria a una considerable población de alrededor de 190.000 personas que habitan en los barrios aledaños, prometiendo un nivel de servicios similar al de hospitales en localidades como Getafe y Móstoles.

Las peticiones no se limitan al hospital, los vecinos también abogan por la construcción de un ambulatorio, varias escuelas infantiles, centros de Formación Profesional y un “centro para la memoria” que conmemore la historia de la antigua prisión, reconociéndola como un símbolo de la memoria democrática.

Durante la concentración, se hizo hincapié también en la necesidad de cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, situado cerca de los terrenos de la antigua cárcel. Los manifestantes exigieron que este edificio se utilice para otros fines sociales que realmente beneficien a la comunidad.

La asociación Scout Jamboree participó activamente en el acto, repartiendo pancartas que exigían el cierre del CIE. Iker Burgos y Diego Ruiz, dos miembros de la asociación, expresaron que la solución para los internos debería orientarse a “ofrecer más oportunidades” y “transformar el enfoque actual”.

Finalmente, la Cooperativa vecinal por el uso social de los terrenos de la Cárcel de Carabanchel-Salvemos Eugenia de Montijo aclaró que los terrenos eran propiedad del Ministerio del Interior, a excepción de una pequeña parcela perteneciente a Pryconsa. Esta parcela privada representa un desafío para la comunidad, pues los vecinos exigen que el gobierno la adquiera y destine parte de ella también a la construcción de vivienda pública.

Otro tema de controversia han sido los planes para una parcela adyacente al cementerio y a la Ermita de Santa María la Antigua, donde los vecinos quieren que se edifique un centro dotacional, pero que está proyectado como terreno residencial. Desde la Cooperativa se oponen a la construcción de vivienda en esta área debido a su cercanía a un Bien de Interés Cultural y a la importancia de su entorno protegido.