Desde 2023, la legislación sobre cambio climático establece la obligación de crear zonas de bajas emisiones (ZBE) en diversos municipios, un mandato que ya se implementa en nueve localidades de la Comunidad de Madrid.

En total, 24 municipios deben adoptar estas medidas, aunque el avance en su implementación no es homogéneo. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, se pueden distinguir tres grupos: 9 localidades ya tienen la ZBE activa, 13 están en proceso y 2 todavía están lejos de iniciar el desarrollo de estas áreas restringidas.

Valdemoro y Arganda del Rey, ambos bajo administración del Partido Popular, son los únicos municipios que han mostrado resistencia a la aplicación de esta normativa. A pesar de su condición oficial, ambos presentan diferentes argumentos para justificar su postura.

Valdemoro, representado por el alcalde David Conde, ha manifestado repetidamente su intención de cumplir con la normativa. Actualmente, el municipio espera completar un estudio que sentará las bases para la instalación de la ZBE, el cual será incluido en el presupuesto municipal del 2025, con la aprobación esperada en febrero, de acuerdo con las fuentes oficiales.

Además, desde el ayuntamiento se argumenta que múltiples factores han contribuido al retraso en la implementación, incluyendo la necesidad de modificar la ordenanza de movilidad y las normativas que regulan acciones durante episodios de contaminación. También se menciona la dificultad de realizar inversiones desde que se prorrogaron los presupuestos en 2014.

Las autoridades de Valdemoro también subrayan la relevancia de tener en cuenta el impacto de la autopista A-4, que atraviesa el municipio, así como el elevado tránsito de 115.000 vehículos diarios en ese punto, antes de adoptar cualquier medida que restrinja el acceso vehicular.

Por otro lado, Arganda del Rey adopta una postura más firme en su rechazo a la ZBE, tal como han confirmado fuentes municipales. La orografía y la disposición del centro de la ciudad son los argumentos reiterados para no implementar esta normativa, declarando que “actualmente no hay posibilidades” de acuerdo con esta medida.

Las zonas de bajas emisiones están diseñadas para limitar el acceso a vehículos con altas emisiones de contaminantes, clasificando los automóviles en diferentes categorías de acuerdo a sus emisiones. Los vehículos sin etiqueta, que son los que más daño ambiental generan, tienen prohibido el acceso en estas áreas, mientras que algunos de menor contaminación también podrían enfrentar restricciones en ciertos contextos.

La creación de zonas de bajas emisiones es un requisito establecido en la Ley 7/2021 sobre cambio climático y transición energética, que insta a municipios de más de 50.000 habitantes a llevar a cabo planes de movilidad sostenible, incluyendo el establecimiento de ZBE antes de 2023.

Sin embargo, Valdemoro y Arganda del Rey no son las únicas localidades que han fallado en cumplir con esta normativa; también las 13 ciudades que están en trámites de implementación, como Alcalá de Henares y Alcorcón, son parte de esta lista, donde tanto el PP como el PSOE están en el gobierno.

Por otro lado, los municipios que ya han adaptado su legislación y cuentan con las ZBE son en su mayoría los más destacados, incluyendo la capital, Madrid, que gestiona varias de estas zonas con diferentes niveles de restricción, junto con Alcobendas y otras localidades como Fuenlabrada y Rivas Vaciamadrid.

Fuenlabrada, en particular, comenzará a sancionar desde este sábado a aquellos vehículos que no tengan el permiso correspondiente para acceder a su ZBE. Tras unos meses de tolerancia, el municipio ahora impondrá multas que van desde 80 hasta 200 euros, dependiendo de la infracción cometida.

A pesar de que el Gobierno central ha mostrado una actitud relativamente flexible con respecto a la implantación de políticas sobre ZBE, está comenzando a señalar las consecuencias que enfrentarán aquellos municipios que no hayan empezado con los trámites. Valdemoro y Aranjuez están bajo el escrutinio de la Delegación del Gobierno en la comunidad.

Recientemente, la Delegación envió comunicaciones a ambos ayuntamientos instando la activación de su ZBE y amenazando con la pérdida de ayudas estatales para el transporte público si no cumplen con la ley a partir de 2025. Hasta el momento, esta advertencia no ha tenido consecuencia alguna.

A más de dos años de la promulgación de la ley, el número de municipios madrileños que han cumplido con la legislación es aún escaso. Las advertencias del Gobierno central no han tenido efectos tangibles y las sanciones no se han implementado. La incertidumbre persiste sobre cuánto tiempo más se tolerará esta inacción por parte de los responsables locales.