Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, se presentará ante la justicia junto a cuatro individuos más en calidad de testigo. Las comparecencias están programadas para el próximo 3 de junio.

MADRID, 30 de mayo. Un total de tres exaltos funcionarios madrileños han sido llamados a declarar en relación a una nueva investigación que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, centrada en el número de muertes en las residencias de ancianos durante la primera ola de la Covid-19.

Las organizaciones 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias han confirmado esta información, que indica que las declaraciones de Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca están previstas para el 17 de junio. También se encuentra en la lista de investigados la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.

Esta es la segunda investigación abierta en un lapso de una semana, ya que el pasado viernes tanto Mur como Peromingo fueron convocados por otro juzgado en Madrid, aunque su testimonio fue pospuesto debido a que los abogados argumentaron que no habrían sido correctamente notificados sobre los procesos legales involucrados. Los cargos que enfrentan incluyen la denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, un delito estipulado en el artículo 511 del Código Penal.

Carlos Mur, quien tuvo el cargo de director general de coordinación sociosanitaria en marzo de 2020, fue responsable de la firma de los polémicos protocolos que prohibían el traslado de pacientes desde las residencias a los hospitales durante la etapa más crítica de la pandemia.

Por otro lado, Javier Martínez Peromingo desempeñaba funciones como geriatra responsable de 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles. En mayo de 2020, él asumió el puesto de director general tras la destitución de Mur.

Pablo Busca, quien ocupaba el cargo de director gerente del Summa 112, estuvo al mando de la logística de ambulancias durante la pandemia y su actuación es evaluada críticamente por las organizaciones implicadas, que sostienen que las ambulancias dejaron de recoger a los residentes enfermos de manera adecuada.

Es importante mencionar que esta investigación no surge de una denuncia presentada por la Fiscalía, sino de una querella interpuesta por dos familiares de las víctimas en las residencias.

Además de los tres exaltos cargos que comparecen como investigados, el exconsejero Alberto Reyero, que se ha manifestado en contra de los protocolos desde su salida en mayo de 2020, testificará junto a cuatro personas más. Entre estas se encuentran Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Antonio Burgueño, quien fue nombrado asesor de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para combatir la pandemia durante sus primeras etapas, así como las dos querellantes que impulsaron este caso.