En una decisión favorable para una familia del sector 6 de Cañada Real, el juez de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid ha anulado una orden de demolición sobre su vivienda. La razón detrás de esta decisión radica en que el Ayuntamiento de Madrid ha dejado pasar tanto tiempo sin actuar que el inmueble, construido en los años 80, se ha situado "fuera de ordenación" y ya no puede ser demolido.

Según una sentencia a la que Europa Press tuvo acceso, se ha aceptado un recurso contencioso-administrativo presentado por la familia afectada, representada por el letrado Javier Rubio del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). En esta sentencia se anula la orden de cese del uso y desalojo al considerar que no cumple con la legalidad.

De acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, existe un plazo de cuatro años desde que se completan las obras para derribar construcciones ilegales. Una vez finalizado este plazo, la construcción se considera "fuera de ordenación" y ya no se requiere derribarla, permitiendo que la vivienda permanezca con un uso residencial indefinido.

El juzgado ha determinado que el Ayuntamiento de Madrid no puede demoler una vivienda que ha estado terminada, en este caso durante varias décadas, ni siquiera argumentando que su uso residencial va en contra del Plan de Ordenación Urbana. La vivienda ha ganado el derecho a quedarse por el paso del tiempo.

Además, se ha comprobado que la familia ha estado pagando los impuestos correspondientes al Ayuntamiento de Madrid de manera puntual hasta que fueron retirados del catastro en 2011.

Los abogados han aclarado que la familia, de origen marroquí, se mudó a la vivienda en 2002 y cuenta con todos los derechos establecidos por la Ley 2/2011 de Cañada Real, incluida la posibilidad de hacer valer derechos adquiridos.

El sector 6 de Cañada Real lleva cuatro años sin suministro eléctrico. A pesar de que muchas familias han intentado contratar y pagar por sus suministros, la Comunidad de Madrid ha rechazado esa solución, según han señalado los abogados.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha instado en tres ocasiones a restablecer el suministro eléctrico y facilitar los contratos, priorizando a las viviendas que se encuentran "fuera de ordenación".

El 26 de febrero de 2025 se dará a conocer la Decisión del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, en la que se declaran violados varios aspectos de la Carta Social Europea debido al corte de luz y la inacción posterior del Estado y sus administraciones.

Según el despacho que ha gestionado el caso, esta sentencia respalda la permanencia de viviendas que llevan más de cuatro años terminadas, con la obligación de ofrecer contratos de suministro a las familias que los soliciten según lo establecido en el Pacto Regional de Cañada Real y las recomendaciones del Defensor del Pueblo.