En Madrid, este miércoles, se llevó a cabo una contundente manifestación de taxistas en respuesta a la reciente concesión de 8.500 nuevas autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) a Cabify. Este desarrollo legal, que ha generado preocupación dentro del sector del taxi, se enmarca en un proceso judicial que se ha extendido por varios años. Los manifestantes exigen una regulación justa que promueva un equilibrio real entre el servicio de taxis y los vehículos de VTC.

Convocados por la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y respaldados por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), los taxistas comenzaron su marcha a las 10:30 desde la sede del Ministerio de Economía, en el Paseo de la Castellana, dirigiéndose hacia diversas instituciones gubernamentales, mientras hacían entrega de un documento en el que exponen sus demandas, como la restricción de las concesiones masivas de licencias a empresas como Cabify.

Las cifras actuales revelan que en la Comunidad de Madrid hay 8.873 autorizaciones de VTC en comparación con 15.931 licencias de taxi. El temor entre los taxistas es que, tras la reciente concesión, el número de permisos para VTC podría igualar o incluso superar a las licencias de taxi, lo que generaría un desbalance importante en el sector.

Julio Sanz, presidente de la FPTM, expresó su descontento antes de la marcha, señalando que el aumento en el número de licencias VTC se traduce en la "ruina" del sector del taxi y representa un riesgo para más de 100.000 familias que dependen de esta actividad para su sustento. Sanz también afirmó que esta situación podría comprometer la movilidad de los ciudadanos en una ciudad tan concurrida como Madrid.

Los taxistas ocuparon los seis carriles de la Castellana, avanzando lentamente y tocando las bocinas de sus vehículos, colocándose detrás de una pancarta que rezaba ‘Una invasión, no cabe ni una más’. Durante su recorrido, lanzaron consignas contundentes como ‘VTC, otra más es un abuso’ y ‘No podemos más’, mientras mostraban carteles en sus coches que denunciaban la especulación y el impacto negativo de las nuevas licencias en la ciudad.

Marcos Rodríguez, un experimentado taxista con casi dos décadas en el sector, advirtió sobre las repercusiones devastadoras de las concesiones de nuevas licencias, subrayando que la expansión del número de VTC podría llevar a una saturación y degradación del servicio. Indicó que la administración debe actuar para evitar el deterioro inminente de la regulación existente.

Jorge, otro taxista con tres años de experiencia, se unió a las preocupaciones, enfatizando que la situación podría generar caos y congestión en el tráfico de Madrid, arriesgando así tanto el empleo como la calidad del servicio de transporte en la metrópoli.

La lucha por estas nuevas licencias VTC es el resultado de un proceso judicial que se ha extendido desde abril de 2018, y se trata del primer lote de un total de 25.000 autorizaciones. Mientras el Gobierno regional intenta frenar esta situación, se prevé que la Comunidad de Madrid presente recursos para impugnar la decisión judicial, aumentando la tensión entre los taxistas y las autoridades.

Cabify, por su parte, defiende que estas nuevas licencias son el resultado de resoluciones judiciales que respaldan su actividad, insistiendo en que están cumpliendo con las normativas vigentes. Sin embargo, la controversia continúa y los taxistas temen que la competencia desleal amenace la continuidad de su trabajo, así como la calidad del servicio público.

Emilio Mosquera Rodríguez, presidente de la asociación que representa a los taxistas gallegos, extendió su apoyo a los taxistas madrileños, anticipando que se planean movilizaciones en otras partes del país. Reiteró la necesidad de una defensa unificada del sector, dado que la situación se considera un asunto de supervivencia.

Por último, Julio Sanz iluminó un aspecto crítico de la situación al señalar que las nuevas autorizaciones en Madrid podrían ser un modelo a replicar en otras regiones, con la inquietud de que el objetivo último sea desmantelar el servicio público que el taxi representa, a favor de intereses más especulativos. Una preocupación que resuena entre los profesionales del taxi y requiere atención urgente de los responsables políticos.