En una visita institucional a Miami, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, junto con el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha generado polémica al contar con la participación de rectores de cuatro universidades públicas de la comunidad, incluyendo la Autónoma y la Complutense. Este viaje ha desatado la indignación de varios sindicatos universitarios que critican la actitud de las autoridades educativas.

Las imágenes del viaje, que muestran a los académicos en un ambiente ameno con la presidenta, han sido calificados de “demoledores” por Jesús Escribano, secretario de Universidades de CC.OO. Este ha expresado su descontento en declaraciones a Europa Press, asegurando que la situación ha dejado a muchos “descolocados” y ha cuestionado la conveniencia de estas interacciones en tiempos críticos.

Desde la iniciativa UCM por la Pública hacen hincapié en que esta interacción representa una negociación entre las élites en lugar de una verdadera defensa de los intereses de la comunidad educativa. Acusan a los rectores de actuar en colaboración con aquellos que son vistos como opositores al sistema público de educación.

Asimismo, critican el contexto en el que se produce esta visita, dado que Ayuso ha sido noticia reciente por implementar lo que se ha denominado “mordaza universitaria” que introduce sanciones severas a manifestaciones no autorizadas, advirtiendo de un ambiente de represión en las universidades. Esta crítica también se acentúa con la reciente asfixia económica que enfrentan los centros educativos.

El responsable de Universidades de UGT, Javier Becerra, se sumó al rechazo generalizado, señalando que no es el momento adecuado para este tipo de fotografías, considerando que la financiación del Gobierno de la Comunidad de Madrid a las universidades es insuficiente. Escribano se hizo eco de esta preocupación, enfatizando la contradicción de que quienes se están viendo afectados por recortes se encuentren en un viaje social con quienes promueven estas medidas.

El portavoz del Sindicato de Estudiantes de Madrid, Gabriel Moya, ha ido más lejos al afirmar que los rectores están “blanqueando” la imagen de Ayuso, implicándolos en la complicidad respecto a los recortes aplicados y el aumento de represiones en los campus universitarios.

Este viaje no solo es un acontecimiento social, sino que se realiza en un marco de negociaciones vinculadas a la nueva ley regional de universidades, conocida como la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Un aspecto crucial de esta ley es la propuesta de un nuevo modelo de financiación que ha sido ampliamente discutido por los rectores, quienes han alertado sobre la situación de crisis económica en sus instituciones.

Ayuso ha tomado la iniciativa de asegurar que se busca un modelo sostenible de financiación, que contempla una estructura en tres partes: una básica, otra para necesidades específicas y una tercera orientada a objetivos. Además, se estipula que las universidades públicas deberán generar un porcentaje significativo de sus recursos a través de financiamiento alternativo, lo que ha levantado dudas entre los líderes educativos sobre su factibilidad dada la situación económica actual.

El nuevo borrador de la ley incluye medidas para permitir que las universidades accedan a fondos de inversión y otros mecanismos financieros, con el objetivo de diversificar sus fuentes de ingreso y mejorar el despliegue de sus actividades académicas. Este enfoque ha sido ampliamente debatido en el marco de la crisis presupuestaria que enfrentan los centros educativos públicos.