En un nuevo enfrentamiento entre el partido en el poder y la oposición, el PP y Vox han consolidado su alianza en la Asamblea de Madrid al aprobar la ampliación de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta medida, que incrementa la bonificación del 25% al 50% para transmisiones a familiares como hermanos, tíos y sobrinos, ha generado reacciones encontradas entre diferentes fuerzas políticas.

La votación, que tuvo lugar el pasado jueves, da luz verde a un Proyecto de Ley que ya había sido aprobado por el Consejo de Gobierno el 7 de mayo. Las autoridades estiman que esta iniciativa beneficiará a unos 14.000 ciudadanos y permitirá un ahorro significativo de 140 millones de euros al año para las familias madrileñas.

Además de la ampliación de la bonificación, se implementan medidas adicionales, como la eliminación de la obligación de presentar una autoliquidación para donaciones inferiores a 1.000 euros. También se simplifican los requisitos para donaciones de hasta 10.000 euros, eliminando la necesidad de un documento notarial previo.

Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, defendió esta legislación mencionando que representa un compromiso electoral del PP y un punto clave del discurso de investidura de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Albert resaltó que esta modificación es parte de una política fiscal a largo plazo que contrasta con las constantes subidas de impuestos del Gobierno de España que, según sus palabras, ahogan a ciudadanos y negocios.

La consejera enfatizó la importancia de crear un entorno fiscal más amigable que fomente la actividad económica, alegando que el impuesto actual es un obstáculo que disuade a muchos de aceptar herencias y, por ende, afecta la solidaridad familiar. Según ella, esta reforma envía un claro mensaje: "Quien ahorra e invierte en Madrid no es penalizado, sino apoyado".

En el ámbito de la oposición, Ana Cuartero de Vox calificó el impuesto como "injusto y comunista", mostrando su disconformidad con la gestión que mantiene el gobierno en términos de recaudación. Cuartero exigió una revisión más amplia de las bonificaciones fiscales, argumentando que se debe dejar de "engañar al contribuyente".

Por parte del PSOE, el diputado Daniel Rubio criticó la medida, sugiriendo que las políticas del gobierno regional favorecen a las clases más pudientes, mientras que los sectores medios y trabajadores son los que realmente enfrentan la carga. Rubio aseguró que los votantes deben ser conscientes de que sus decisiones impactan en la calidad de servicios esenciales como la sanidad y la educación pública.

Finalmente, la diputada de Más Madrid, Marta Lozano, expresó su preocupación por la dirección en que avanza la política fiscal en la comunidad, argumentando que favorece un modelo de "acumulación hereditaria injusto". Lozano advirtió que solo un pequeño porcentaje de las familias se beneficiarán realmente de estas reducciones, mientras que la mayoría de los ciudadanos quedarán excluidos de tales ventajas fiscales.