Inma Sanz denuncia una constante adversidad del Gobierno central hacia Madrid

Madrid, 28 de diciembre.

Inma Sanz, vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, ha expresado su descontento con el Gobierno de España debido a su intervención en el nuevo convenio para el personal funcionario y laboral de la Administración regional. La vicealcaldesa sostiene que la actitud del Ejecutivo central refleja un boicot sistemático hacia la capital española, afirmando que no pasa un solo día sin que se tomen medidas en contra de esta importante región, que se considera un motor clave en áreas como la economía, la cultura y el deporte.

De acuerdo con información proporcionada a Europa Press por fuentes del Ministerio de Trabajo, las disposiciones del convenio en cuestión, específicamente el artículo 10 y la disposición adicional décima, permiten que, en caso de convocatorias de huelga o manifestaciones por parte de los sindicatos firmantes, la administración tenga la capacidad de suspender la implementación de la carrera profesional horizontal, incluyendo la interrupción de los efectosretributivos de los empleados bajo su jurisdicción.

Además, las cartas dirigidas a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo destacan que la inclusión de cláusulas que restringen derechos como la libertad de reunión, manifestación y expresión constituye un claro atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores.

Sanz ha calificado de "sorprendente" que el Gobierno de España dedique esfuerzos a perjudicar a lo que ella define como la locomotora económica de la nación. En sus declaraciones, enfatizó que esta descoordinación es un fenómeno que no se observa en otras partes del mundo, sugiriendo que al menos se abstengan de obstaculizar el progreso madrileño si no están en disposición de colaborar.

Solicitó a las autoridades que eviten realizar acciones perjudiciales, argumentando que el impacto negativo no solo incide sobre el Gobierno autonómico, sino que también afecta a los más de 40.000 trabajadores beneficiados por el convenio. Sanz instó al Ejecutivo español a adoptar una postura más constructiva, señalando que si no están dispuestos a colaborar, lo mínimo es que no interfieran.

El convenio fue firmado hace dos semanas en la emblemática Real Casa de Correos, donde estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con representantes de los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional. La presidenta defendió la importancia de este acuerdo, asegurando que contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y a fortalecer los servicios públicos en la región.

Además, Ayuso anunció que el Gobierno regional invertirá 60 millones de euros en los próximos cuatro años para mejorar las condiciones retributivas, la formación y la carrera profesional de más de 40.000 empleados públicos. Esta inversión está pensada para garantizar el bienestar de los trabajadores y la calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

En respuesta a las acciones del Gobierno central, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, subrayó que la ministra pretende boicotear un acuerdo alcanzado de manera unánime con los sindicatos que tienen poder de representación. Enfatizó que el convenio ha cumplido con todos los requisitos legales necesarios para su firma.

Albert indicó que las acciones de la ministra amenazan los beneficios que este acuerdo traería a más de 40.000 trabajadores públicos, quienes podrían ver incrementados sus sueldos en hasta un 50%. “¿Quién es la ministra para intervenir en un acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales que han dado su consentimiento?”, cuestionó con énfasis.

La semana pasada, el sindicato CC.OO. Madrid solicitó la retirada de dos artículos del nuevo convenio que consideraban podrían vulnerar derechos laborales y fundamentales básicos. Desde el sindicato afirmaron que al darse cuenta del contenido problemático de esos artículos, iniciaron gestiones para su eliminación y solicitaron que se suspendiera o postergara la firma del convenio hasta recibir la ratificación correspondiente de sus estructuras sindicales.