En la Comunidad de Madrid, el número de quejas presentadas ha alcanzado la notable cifra de 8.045 en el último informe proporcionado por el Defensor del Pueblo. Esta información fue revelada en un evento celebrado el 25 de marzo, donde se discutieron las inquietudes de los ciudadanos respecto a diversos servicios y normativas locales.

Entre las quejas más destacadas, se encuentran las relacionadas con las zonas de bajas emisiones, la regulación de viviendas de uso turístico y el servicio de Cercanías. Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, hizo entrega de un informe que detalla las acciones emprendidas durante el año 2024 para abordar estos problemas. En particular, la institución ha insistido en la necesidad de que los municipios de la región, como Arganda del Rey y Valdemoro, avancen en la implementación de las zonas de bajas emisiones, ya que aún no han iniciado los trámites pertinentes.

El servicio de Cercanías también ha sido objeto de críticas, acumulando numerosas quejas a nivel nacional por causa de un aumento en los tiempos de espera y la congestión en trenes y andenes. En particular, el área metropolitana de Madrid y Barcelona, que suman cerca de un millón de usuarios diarios, han registrado la mayor parte de las reclamaciones presentadas.

En cuanto al rendimiento del servicio de Cercanías, el informe reveló que de una programación de 271.050 trenes para el año 2024, 4.402 fueron cancelados, lo que representa un índice de cancelación del 1,62%. Además, el análisis de la puntualidad mostró que el mes de febrero fue el más problemático, con un 93,90% de puntualidad, mientras que junio marcó el mejor rendimiento, alcanzando un 98,34%.

Se espera que las reformas actuales, incluyendo la renovación de la estación de Chamartín, ayuden a mitigar las deficiencias del servicio, permitiendo así que los usuarios recuperen la calidad y puntualidad que merecen.

En lo que respecta a las viviendas de uso turístico, el informe señala que muchas operan sin las licencias necesarias, mientras que las autoridades pertinentes parecen estar demorando las inspecciones y las sanciones correspondientes para frenar estas actividades ilegales. Recientemente, el Ministerio de Derechos Sociales confirmó haber detectado más de 15.200 apartamentos turísticos sin autorización en la capital española.

El Defensor del Pueblo también ha recomendado a la Comunidad de Madrid que acelere las sanciones correspondientes para impedir que las infracciones prescriban. Además, ha cuestionado la eficacia del bono alquiler joven, programa destinado a ofrecer apoyo financiero a jóvenes menores de 35 años. El notable retraso en la gestión de estas ayudas ha llevado a intervenciones por parte de la institución para que las autoridades cumplan con sus obligaciones legales.

Otro tema recurrente ha sido el suministro eléctrico en la Cañada Real, donde el Defensor del Pueblo presentó un informe al Consejo de Europa, señalando que se están vulnerando varios derechos fundamentales. La falta de electricidad ha puesto en jaque a los residentes más desfavorecidos de esta área, lo que ha llevado a reiterar la necesidad de restablecer el servicio hasta que se implementen soluciones adecuadas.

En relación al Impuesto de Sucesiones, se han recibido quejas sobre la falta de información y asistencia por parte de la Consejería de Hacienda, que ha limitado la disponibilidad de citas para la autoliquidación de este impuesto, excluyendo a muchos ciudadanos de un acceso justo a la información tributaria.

Por último, el informe también aborda la falta de creación de nuevos centros educativos en regiones con una creciente demanda escolar. Desde el Defensor del Pueblo se ha instado a la Consejería de Educación a abordar estos problemas con celeridad. En total, la Comunidad de Madrid ha generado 8.045 expedientes de queja, destacando en áreas como justicia, asilo, empleo y educación. A nivel nacional, se han recibido 34.402 quejas en total.