El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha tomado la decisión de cancelar de forma definitiva las operaciones de CREADE, el centro de refugiados ubicado en el municipio. Esta medida se produce tras el análisis de las apelaciones presentadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De acuerdo con la información difundida por el propio Ayuntamiento, se ha oficializado esta decisión y se ha otorgado un periodo de cuatro meses para que las más de 400 personas que residen en el centro sean reubicadas. Esta prórroga se ha implementado con el objetivo de evitar un cierre inmediato, que es lo habitual en estos casos.

En el comunicado emitido, el Consistorio aclara que el plazo de cuatro meses supera el intervalo promedio de estancia que reconoce el propio ministerio. También se menciona que durante este tiempo el CREADE no podrá aceptar nuevos residentes, y que el incumplimiento de esta norma conducirá a un cierre inmediato de las instalaciones.

Esta decisión llega después de que el 30 de julio se informara al centro sobre la suspensión cautelar de su actividad debido a la falta de una licencia de funcionamiento adecuada. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha subrayado que las actividades que se han llevado a cabo en el centro no están autorizadas y son incompatibles con las regulaciones municipales.

El Ayuntamiento se basa en la documentación presentada por el Ministerio, que indica que se ha autorizado una ocupación de hasta 564 plazas en el centro a partir del 1 de julio. Sin embargo, la única licencia de construcción registrada data de 2013 y está destinada a un centro de formación de la Seguridad Social, que cuenta con un auditorio y un total de 150 habitaciones.

Tejero ha resaltado que el uso del centro por parte del Gobierno difiere de los propósitos originales, especialmente en relación a la propuesta de trasladar a 400 menores no acompañados a estas instalaciones. Además, han expresado preocupación acerca de las condiciones en las que se encuentran muchas de las personas alojadas, a pesar de que los funcionarios municipales no pudieron hacer una verificación durante una inspección el 29 de julio, ya que la entidad gestora y el propio ministerio les negaron el acceso.

Desde el Ayuntamiento sostienen que el Ministerio no ha abordado en sus alegaciones el motivo central de la clausura, que es precisamente la realización de actividades no autorizadas, un punto que consideran suficiente para justificar el cierre del centro.

Asimismo, recalcan que el Consistorio había informado al Gobierno sobre la falta de licencia correspondiente y el significativo aumento de la capacidad de alojamiento, pero el Ejecutivo no ha tomado medidas para solicitar una nueva licencia que sea apropiada, a pesar de que el plazo para hacerlo expiró a finales de agosto.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha manifestado a Europa Press que, hasta el momento, no han recibido ninguna notificación sobre este asunto. Indican que, tan pronto como reciban la resolución, sus servicios jurídicos procederán a analizar la documentación para determinar la siguiente acción a seguir.