El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado duras críticas hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de destinar más de la mitad de las transferencias del Ejecutivo central a favorecer a grandes fortunas y empresas vinculadas a su círculo cercano. Este señalamiento se hace en el contexto de la vinculación de su pareja, Alberto González Amador, quien enfrenta cargos por delitos fiscales.

Durante una reunión con el Grupo Socialista, Sánchez planteó preocupaciones sobre cómo el partido popular, en colaboración con grupos de extrema derecha, ha manejado los fondos públicos que se transfieren a las comunidades autónomas que gobiernan. En su discurso, exigió que estos recursos se utilicen para mejorar servicios esenciales como la atención médica y la educación, en lugar de desviar dinero hacia la privatización y beneficios fiscales para unos pocos.

El presidente destacó que desde 2019, el Gobierno ha transferido un total de 130.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid, lo que representa un incremento significativo respecto a los fondos entregados durante la administración del ex presidente Mariano Rajoy. Sin embargo, según Sánchez, solo el 45% de esas transferencias se ha capitalizado en servicios públicos, el resto se ha canalizado hacia incentivos fiscales para las élites económicas de la región.

Asimismo, mencionó que Ayuso ha firmado contratos por un total de 5.000 millones de euros con la empresa Quirón y otras entidades que superan mil millones. Esta situación, de acuerdo con el presidente, representa un alarmante conflicto de intereses, pues beneficia a personas cercanas a la presidenta madrileña, quien ha visto sus ingresos multiplicarse considerablemente en un corto período de tiempo.

Sánchez se quejó de las dificultades que enfrentan los madrileños en el acceso a servicios básicos, como la atención médica y la educación de sus hijos, afirmando que resulta cada vez más complicado obtener una cita médica o asegurar una plaza escolar.

El presidente también dirigió sus críticas hacia la gestión del 'popular' Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, señalando que una cuarta parte de los 54.000 millones de euros adicionales que ha recibido no se han destinado a mejorar los servicios públicos. En este sentido, acusó a Moreno Bonilla de privilegiar a empresas privadas en detrimento de la educación y la salud pública.

Además, Sánchez citó a otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana, denunciando que estos administradores han desviado recursos significativos para beneficiar a grupos restringidos. Insistió en que los mismos grupos que respaldan las campañas del PP están siendo favorecidos en estos manejos financieros.

En una crítica contundente, el presidente subrayó la incongruencia de que los líderes del PP hayan rechazado una quita de casi 60.000 millones de euros, a pesar de que habían sido ellos quienes la solicitaron, lo que podría haber generado un ahorro considerable en intereses para sus administraciones. Esta decisión, que equivale a más de mil millones de euros que se dedican anualmente al financiamiento de universidades públicas, fue catalogada por Sánchez como una renuncia inaceptable.

El mandatario instó a sus colaboradores a mantenerse firmes ante lo que consideró un ataque a los pilares del Estado del Bienestar, resaltando la necesidad de resistir la transformación de derechos en mero contenido comercial que beneficie a unos pocos privilegiados.