En una evidente maniobra de aprovechamiento de la crisis, un grupo criminal intentó beneficiar sus arcas vendiendo pilas y baterías falsificadas durante el reciente apagón que afectó a varias zonas. La Policía Nacional logró poner fin a esta actividad delictiva al desmantelar una fábrica clandestina en la localidad de Toledo, donde se producían estos peligrosos productos.

El operativo, llevado a cabo el 10 de junio, tuvo como resultado la incautación de 3,5 millones de pilas falsificadas y la detención de seis individuos de origen asiático, quienes no contaban con antecedentes penales. Según las autoridades, los arrestados se enfrentan a graves acusaciones, incluyendo delitos contra la propiedad intelectual y riesgos para la salud pública, dado el potencial daño que estos artículos pueden causar.

Víctor de las Heras, responsable de la Brigada de Extranjería y Frontera, destacó que la organización criminal y su nefasto plan se originaron tras el apagón del 28 de abril. Conscientes del aumento en la demanda, decidieron intensificar su producción en un intento de inundar el mercado con sus productos, aunque sus planes se vieron frustrados por la intervención policial.

Durante la operación, las autoridades no solo se incautaron de grandes cantidades de pilas, sino que también encontraron maquinaria especializada en la fabricación de las falsificaciones. Asimismo, hallaron otros artículos ilegales, incluyendo 12 millones de cartas de juego falsas y diversos productos de tabaco, que se encontraban preparados para su distribución masiva.

La investigación reveló que la banda utilizaba polígonos industriales como tapadera para sus operaciones, fabricando pilas que no cumplían con ningún estándar de seguridad y que representaban un grave riesgo para los consumidores. A pesar de que el negocio ilegal parecía florecer, la falta de registros de ventas en la zona despertó sospechas que llevaron a la Policía a actuar.

La fabricación de estos productos se realizaba en un entorno clandestino donde los operarios, en su mayoría residentes de las naves, lograban eludir la atención de las autoridades. Además, implementaron técnicas para minimizar el ruido generado por las máquinas, lo que dificultaba la detección de sus actividades ilícitas.

Finalmente, el 10 de junio, se realizó la entrada y registro de las instalaciones, lo que llevó a la confiscación de una cantidad impresionante de falsificaciones, así como maquinaria avanzada para su producción. Los productos, listos para ser comercializados a precios irrisorios, representaban una amenaza tanto para la seguridad pública como para el comercio legítimo.

Con el uso de hasta siete camiones, la Policía logró transportar toda la mercancía incautada. Seis de los responsables ya han sido puestos a disposición judicial, enfrentándose a serias acusaciones que incluyen delitos contra la propiedad industrial y la salud pública, reflejando un duro golpe a esta red delictiva en el corazón de Madrid.