Podemos propone cambiar el umbral electoral y el himno nacional.
La candidatura de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid ha presentado un programa que tiene entre sus propuestas reducir la barrera electoral para entrar en la Asamblea de Madrid del actual 5% al 3% y cambiar el himno regional por la canción 'Pongamos que hablo de Madrid' de Joaquín Sabina.
La lista liderada por Alejandra Jacinto busca una reforma integral del Estatuto de Autonomía. Proponen impulsar un proceso constituyente regional que en colaboración con los ciudadanos, revierta el proceso de degradación institucional, rediseñe la estructura administrativa y de Gobierno e instaure un reconocimiento efectivo de un catálogo de derechos sociales avanzado y pionero dentro del Estado español.
Entre las propuestas se encuentran el blindaje de los servicios públicos esenciales y su reintegro a una gestión 100% pública, el establecimiento de un modelo comarcalizado de región que sea un contrapeso a la centralidad de la capital, la descentralización de competencias hacia los municipios y el reconocimiento de la titularidad pública de empresas en sectores estratégicos. Incluyen también la creación de una banca pública madrileña y empresas de desarrollo industrial.
La candidatura liderada por Alejandra Jacinto propone fomentar la participación democrática creando una verdadera cultura de ella, fomentando el asociacionismo y el peso de las estructuras representativas en cada materia.
En caso de ganar, Podemos establecerá un Código Ético autonómico para cargos públicos, ya sean diputados de la Asamblea de Madrid o del Gobierno, que establezca el compromiso público de dimisión/cese ante incumplimientos del mismo. Además, limitarán el sueldo de los cargos públicos a tres salarios mínimos y prohibirán que perciban ayudas sociales porque la política institucional no debe ser una instancia de acumulación de patrimonio.
Entre otras medidas, la formación propone una auditoría a fondo de las instituciones madrileñas para investigar los últimos 25 años de corrupción y acudir a las autoridades judiciales con los resultados que se deriven de la misma y analizar qué parte de la deuda pública de la Comunidad de Madrid puede considerarse ilegítima por haberse contraído como consecuencia de actividades corruptas.
También impulsarán una Ley del denunciante de corrupción para proteger a las personas que quieran denunciar situaciones de corrupción tanto en el ámbito privado como público y para habilitar mecanismos para que puedan realizar estas denuncias. Para esto sería fundamental el desarrollo de una Agencia Anticorrupción similar a la valenciana, apuntan.
Podemos defiende, de acuerdo a las competencias, un instrumento de participación ciudadana para el cogobierno de la región: los Consejos Locales de la Comunidad de Madrid. Se trata de implementar, a través de un proceso de constitución reglamentaria con los actores de la sociedad civil y los partidos políticos, una mediación entre vecinos de los distintos pueblos, ciudades y comarcas de la región y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, establecerán un Consejo de colaboración de la Comunidad de Madrid con las entidades locales donde los Consejos Locales tengan participación obligatoria en sus plenarios y cuyas decisiones no sean vinculantes al tratarse de un órgano consultivo por parte de la Comunidad.
Podemos también propugna implantar criterios de contratación pública que limiten la dependencia de las administraciones de las empresas multiservicios, las grandes consultoras y las empresas dedicadas casi en exclusiva a la provisión de servicios a la administración.
Garantizarán criterios de economía social, entre ellos el de favorecer a empresas con un alto número de trabajadores jóvenes o de más de 50 años, o el de priorizar cooperativas. Además, buscan fijar condiciones exigentes en materia de igualdad en la empresa, que vayan más allá de la existencia misma de un Plan de igualdad y marquen estándares de medidas de esos planes, así como de su cumplimiento efectivo y el seguimiento de los mismos.
En este sentido, vetarán empresas con condenas judiciales o sanciones de la inspección de trabajo por vulneración de derechos fundamentales de las personas trabajadoras y a grupos empresariales condenados por persecución sindical.
Entre otros puntos, para contratar con la Administración autonómica valorarán la huella ecológica de las propuestas y proyectos, acabarán con el fraccionamiento de contratos y prohibirán contratar con aquellas empresas que tengan sedes u operen desde paraísos fiscales o condenadas por fraude fiscal.