La Federación Plataforma Trans ha presentado una solicitud de amparo y ha instado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios de Más Madrid y PSOE en la Asamblea regional para que interpongan un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma y derogación de ciertas disposiciones de las leyes Trans y LGTBI en la Comunidad de Madrid.

La plataforma ha enviado cartas a los destinatarios mencionados, solicitando que, basándose en el Artículo 162 de la Constitución, presenten recursos de inconstitucionalidad contra esta modificación legal una vez que sea aprobada en el Parlamento madrileño.

"El colectivo LGTBI y los colectivos trans nos uniremos para defender nuestros derechos que nos igualan en dignidad y nos igualan al resto de los ciudadanos. La igualdad no se puede lograr imponiendo desigualdad", declaró Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans.

Según Cambrollé, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado "pasos atrás" que afectan a un colectivo vulnerable y van en contra de las recomendaciones de Europa y de la Organización Mundial de la Salud, que ha despatologizado las identidades trans. Cambrollé acusó a Díaz Ayuso de intentar limitar los derechos de las personas trans en la Comunidad de Madrid, derechos que están protegidos por leyes de ámbito estatal.

La propia presidenta de la Comunidad defendió que la modificación no supone la eliminación de ningún derecho para el colectivo LGTBI. El Partido Popular (PP) afirmó que el objetivo de la modificación es proporcionar mayor claridad y seguridad jurídica sin menoscabar los derechos de las personas trans y LGTBI.

La modificación que propone el PP suprime y modifica varios artículos y epígrafes de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid. Entre los cambios se encuentran la eliminación del concepto de identidad de género, que pasa a ser transexualidad o condición sexual, y medidas relacionadas con el ámbito deportivo, administrativo y educativo.

En el ámbito administrativo, se elimina la provisión de acreditaciones acordes a la identidad de género manifestada y se establece que el Ejecutivo autonómico fomentará el respeto a la identidad y expresión de género en los medios públicos financiados con fondos públicos. También se elimina la inversión de la carga de la prueba en casos de denuncias de discriminación.

En el ámbito de la salud, se establece que los menores deberán ser examinados por pediatras antes de recibir tratamiento, y se garantiza que la atención psicológica o psiquiátrica para personas trans no constituye discriminación.

En educación, se eliminan los contenidos relativos a identidad de género de los currículos y se garantiza el respeto a las personas transexuales en actividades diferenciadas por sexos. En deporte, se añade un párrafo en defensa de las conquistas del deporte femenino y se eliminan las infracciones y sanciones establecidas en la Ley Trans.