
La Comunidad de Madrid sostiene que los procesos de responsabilidad patrimonial se fundamentan en "criterios jurídicos y técnicos" durante la evaluación de las indemnizaciones, planteando así su posición ante las críticas.
En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un perito por parte de los afectados ha declarado que la valoración de inmuebles, realizada por la empresa Tinsa, se ha situado "muy por debajo" de la media del mercado para las viviendas, garajes y locales impactados por las obras de la Línea 7B del Metro.
De este modo, la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha iniciado las audiencias que decidirán si las compensaciones ofrecidas por el gobierno regional a los perjudicados por los derribos serán aceptadas. Esta sesión inaugural ha contado con el informe de un arquitecto seleccionado por la asociación Rafael Alberti y Presa, y se prevén más testimonios experitos en los siguientes días.
La mencionada asociación critica que la Comunidad de Madrid establezca las indemnizaciones sin considerar adecuadamente factores como la superficie o las características de las viviendas, considerándolo un enfoque "injusto".
El arquitecto ha explicado que su evaluación se basó en criterios precisos como el tamaño, el año de edificación y la localización de los inmuebles. Asimismo, se adhirió a la normativa ECO, que regula la valoración de bienes para propósitos financieros, como la obtención de hipotecas.
En declaraciones a la prensa, el perito ha resaltado que la valoración realizada por la tasadora contratada por la Comunidad resulta "evidentemente" inferior a la media del mercado. Esto sugiere, según su perspectiva, una clara tendencia a la baja que desvirtúa el valor real de las propiedades.
El perito ha dado ejemplos concretos, mencionando que una plaza de garaje se ha valorado entre 11.000 y 12.000 euros, casi la mitad de su valor de mercado normal en la zona, lo que considera una estrategia sospechosa de la compañía que fue contratada.
El presidente de la asociación, Juan Antonio Presa, manifestó que se ha llegado a instancias judiciales porque "la Comunidad de Madrid no ha querido considerar sus demandas sobre las tasaciones, el daño moral y la pérdida de ingresos por alquileres".
Además, cuestionó las afirmaciones del gobierno sobre haber alcanzado un "máximo legal" en las indemnizaciones, preguntándose cuáles son los criterios que definen dicho máximo cuando una familia ha sufrido un impacto profundo por la situación.
Presa ha afirmado que la Comunidad ha hecho un esfuerzo por minimizar la magnitud de los problemas causados, señalando que las indemnizaciones son insuficientes para la actualidad del mercado, donde comprar una vivienda con esos montos es prácticamente imposible.
Los afectados instan a la Comunidad de Madrid a revisar las compensaciones para que se alineen con los precios de mercado, argumentando que las cifras ofrecidas no permiten afrontar los costos reales de las viviendas en la actualidad.
Las indemnizaciones propuestas por la Comunidad oscilan entre 136.000 y 355.000 euros, con adiciones por garajes que varían entre 10.000 y 33.000 euros. Sin embargo, los vecinos han manifestado que estas cantidades son claramente insuficientes, dado que el precio medio de las viviendas en la región se encuentra alrededor de los 250.000 euros.
Por su parte, la Comunidad ha reiterado que las evaluaciones realizadas en los expedientes de responsabilidad patrimonial se basan en fundamentos "jurídicos y técnicos", respaldados por informes de tasación de firmas reconocidas por el Banco de España.
Los expedientes consideran no solamente el valor de la vivienda, sino también los daños asociados al desalojo, como gastos de mudanza, almacenamiento y pérdidas de bienes personales, incluyendo el reconocimiento del daño moral y la pérdida de ingresos.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se ha indicado que los afectados tienen el derecho a emprender acciones legales si no están de acuerdo con las valoraciones, subrayando el respeto del gobierno a estas decisiones y el proceso judicial que puede derivarse.
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