Recientemente, el Tribunal Supremo ha sido testigo de declaraciones impactantes de cuatro periodistas de 'El País', quienes han afirmado tener conocimiento previo sobre la intención de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de reconocer dos delitos fiscales. Dichas afirmaciones fueron realizadas antes de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitara información a sus colaboradores sobre los correos ahora en el centro de la investigación.

Durante su testimonio, los periodistas aseguraron que la información fue obtenida no directamente de la Fiscalía General del Estado, sino a través de fuentes vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que añade una capa de complejidad a la situación legal que se está desarrollando en torno al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Los testigos confirmaron ante el magistrado Ángel Hurtado que habían firmado un acta notarial que documenta y valida el contenido de las comunicaciones que tuvieron con el abogado Carlos Neira. Este abogado envió un correo el 2 de febrero de 2024, en el que ofrecía que González Amador admitiera dos delitos con el objetivo de pactar con la Fiscalía, un correo que se ha convertido en un punto crucial de la investigación.

Las afirmaciones recogidas en el acta notarial fueron mencionadas en un artículo de 'El País' publicado el 20 de enero, donde se indicaba que el medio ya contaba con información sobre el acuerdo propuesto para la defensa, antes de que la fiscalía hiciera su solicitud formal. Este artículo también contrarrestaba información previamente difundida por 'El Mundo', que sugería que la Fiscalía había sido quien propuso el pacto.

En su declaración, los redactores han defendido la autenticidad de su reportaje, reafirmando que la fuente de su información no era la Fiscalía General del Estado. Insistieron en que la información había sido obtenida el 12 de marzo a las 13:30 horas, 31 horas antes de que García Ortiz solicitara los correos entre la defensa y el Ministerio Público. A pesar de ello, aclararon que no tuvieron acceso al correo específico del 2 de febrero.

Además, se ha indicado que los periodistas prevén presentar otros mensajes que no fueron incluidos en el acta notarial, lo que podría revelar un contacto previo con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso, la noche del 13 de marzo, lo que podría enriquecer la línea de investigación.

Ante esta compleja situación, la Abogacía del Estado ha solicitado que los periodistas sean llamados a declarar, ya que consideran que el acta notarial es crucial para demostrar que diversos profesionales de la información ya eran conscientes de la posible admisión de delitos fiscales por parte de González Amador mucho antes de cualquier actuación por parte del fiscal general.

PUNTOS CLAVE EN LA INVESTIGACIÓN

La investigación iniciada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) parece estar llegando a su fin, centrándose inicialmente en el comunicado de prensa de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024, que emitió detalles sobre los intercambios de correos electrónicos entre la defensa y el fiscal encargado del caso, Julián Salto.

El caso, que ha ascendido al Tribunal Supremo desde octubre pasado, ha derivado en una investigación sobre la posible revelación de secretos por parte del fiscal general, aunque el tribunal ha decidido no considerar que la publicación del comunicado constituya un delito grave.

Desde la apertura del proceso por parte del TS, se han ampliado las líneas de investigación, abarcando no solo el comunicado anterior, sino también las supuestas filtraciones relacionadas con las pesquisas contra González Amador y el correo del 2 de febrero en el que se ofrecía reconocer los delitos a cambio de un acuerdo.