En un nuevo desarrollo del caso ITV en Móstoles, la acusación particular representada por Ganar Móstoles ha solicitado una pena de seis años de cárcel y quince años de inhabilitación para la socialista Noelia Posse. Se le acusa de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por condonar una deuda de más de 2 millones de euros a la empresa concesionaria.

El proceso se encuentra en una etapa intermedia, con la jueza del caso proponiendo juzgar a la exalcaldesa de Móstoles y a ocho de sus colaboradores solo por prevaricación. Sin embargo, la acusación ha apelado para que se incluya también el cargo de malversación.

La acusación destaca el daño económico causado al Ayuntamiento, señalando que el acuerdo favoreció directamente a la empresa sin considerar la ilegalidad del mismo. Se argumenta que se debería haber resuelto la concesión y reclamado la deuda pendiente con intereses y costas, en lugar de perdonarla.

La Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada pide una condena de doce años de inhabilitación para los acusados. En febrero, la jueza a cargo del caso resolvió continuar con las investigaciones sobre once sospechosos, incluyendo a un funcionario y un empresario.

La magistrada subrayó el perjuicio a las arcas públicas a raíz del acuerdo tomado en octubre de 2020, que reducía la deuda de la empresa concesionaria y posponía los pagos hasta 2040 a tasas reducidas.

Se destaca que el acuerdo fue aprobado de manera urgente y con la oposición del Interventor, indicando una conciencia de irregularidad por parte de los implicados. A pesar de las advertencias legales, se procedió con el acuerdo con la intención de aparentar legalidad.

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Móstoles sufrió un perjuicio económico al perdonar parte de la deuda y reducir el canon anual. La empresa concesionaria se benefició de manera directa de este acuerdo ilegal, cuya administradora también está involucrada en el caso.