El debate político en la Asamblea de Madrid se intensifica ante la inminente llegada de la nueva Ley de Hacienda, prevista para este jueves. La oposición, compuesta por los grupos de Más Madrid, PSOE y Vox, ha manifestado su firme desaprobación hacia esta legislación. En contraste, el Partido Popular (PP), que respalda al Gobierno regional, sostiene que la propuesta no es "intervencionista" y respeta todos los mecanismos de control necesarios.

Durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, los líderes de la oposición expresaron sus críticas. El pasado mes de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobaba el Proyecto de Ley, argumentando que su objetivo era "fortalecer" la seguridad jurídica y optimizar la administración pública en la Comunidad de Madrid, buscando una gestión más efectiva de los recursos económicos y financieros.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha señalado que su formación ha presentado enmiendas tanto parciales como totales, considerando que esta ley representa una "oportunidad desperdiciada" para erradicar prácticas que, a su juicio, alimentan la corrupción, como es la fragmentación de contratos. Según Bergerot, la nueva ley perpetúa la austeridad presupuestaria instaurada por la conocida 'Ley Montoro', lo que, a su entender, limita los servicios públicos y establece condiciones para la intervención en las universidades mediante la supervisión de sus cuentas. Las enmiendas del partido se enfocan en regular los contratos menores, mejorar la financiación universitaria y revisar los beneficios fiscales.

Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha expresado que su grupo se opone a la ley con una enmienda a la totalidad. Afirma que esta legislación es una forma encubierta de aplicar un '155' en la Comunidad de Madrid, ya que reduce los controles parlamentarios, invade competencias y somete a la Cámara de Cuentas. "Es otro intento más de la señora Ayuso que el Partido Socialista está decidido a frenar", ha declarado.

Desde Vox, Isabel Pérez Moñino ha criticado la ley, argumentando que no presenta mejoras sustanciales en la vida de los ciudadanos madrileños y que, en cambio, protege intereses políticos específicos en la región. Ha acusado al Gobierno de incrementar el control y disminuir la transparencia, un patrón que se ha observado en las recientes modificaciones legislativas de esta legislatura.

En defensa de la ley, Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, ha negado las acusaciones de intervencionismo, asegurando que el objetivo es "reforzar la seguridad jurídica" y "modernizar el sector público". Destacó que se trata de la vigésima primera ley que se aprobará durante esta legislatura, lo cual resulta esencial dado que la normativa anterior había estado en vigor durante 35 años y ha necesitado actualizarse a las nuevas normativas estatales y europeas.