En un desarrollo que ha capturado la atención de la opinión pública, Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado medidas legales contra figuras clave del sistema judicial. A través de un recurso dirigido al magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha solicitado que se inicie el proceso penal contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial en Madrid, por presuntamente haber divulgado información confidencial.

Según un documento al que ha tenido acceso Europa Press, González Amador argumenta que las acciones de los fiscales constituyen la revelación de secretos y aboga por la imputación de García Ortiz bajo la acusación de un delito de revelación de secretos, subrayando que tales divulgaciones se llevaron a cabo entre el 7 y el 14 de marzo de 2024. Esta presentación pone de relevancia la delicada línea que separa a las instituciones judiciales de la política.

El escrito de González Amador es contundente en su crítica, señalando que la conducta de las autoridades involucradas representa un grave desvío de sus responsabilidades conforme a la Constitución y la ley. Afirma que el intercambio de información confidencial ha socavado los principios de secreto, reserva y sigilo que deben regir las acciones de los fiscales, sugiriendo que estas revelaciones han sido constantes y no aisladas.