En una nueva vuelta de tuerca en el ámbito político español, el pasado 14 de noviembre se ha conocido que Alberto González Amador ha presentado una demanda ante el Tribunal Supremo contra María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Esta acción legal se fundamenta en lo que González Amador considera una intromisión ilegítima en su derecho al honor, en respuesta a las declaraciones que realizó Montero durante una sesión de control al Gobierno en el Senado el 12 de marzo.

La decisión de llevar a cabo esta demanda se produce después de que el intento de conciliación, que había sido solicitado por González Amador, quedara sin efecto el 2 de octubre. En este intento, el demandante buscaba que la ministra se retractara de sus afirmaciones, a las que considera calumniosas, pero la ministra Montero no se presentó al acto.

El motivo de la controversia se centra en las declaraciones realizadas por Montero, quien en su momento cuestionó la legalidad del alquiler de la vivienda donde reside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La ministra insinuó que dicho alquiler estaba relacionado con “un fraude a la Hacienda Pública”, señalando además que los pagos estaban vinculados a comisiones por la venta de mascarillas durante la grave crisis sanitaria de la pandemia.

Además de las acusaciones sobre el respaldo financiero de Ayuso, María Jesús Montero continuó su crítica señalando la aparente cercanía de la presidenta madrileña con individuos que, según ella, estarían implicados en presuntos actos de fraude. Manifestó que resulta “llamativo” que Ayuso tenga "un hermano y ahora un novio que parecen estar relacionados" con estos hechos, y recomendó a la presidenta que “se lo tiene que hacer mirar” y que se explique con claridad, dado que generalmente es “tan rápida” a la hora de contestar. La ministra instó: "¿Por qué no responde a esta cuestión?"

Las palabras de Montero han sido alimentadas por un reporte de 'elDiario.es', que dio a conocer la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso, relacionada con un presunto fraude fiscal que supera los 350.000 euros. Este caso se encuentra actualmente bajo la revisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, lo que añade un trasfondo legal significativo a la controversia que enfrenta la presidenta madrileña y su círculo cercano.