El magistrado Inmaculada Iglesias ha decidido abrir una investigación separada para determinar si Alberto González Amador ha cometido delitos adicionales a los que ya se están investigando.

MADRID, 29 Oct. La citación para declarar en calidad de investigado a Alberto González Amador el próximo 29 de noviembre por la posible comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un presunto fraude fiscal atribuido por la Fiscalía de Madrid ha sido confirmada por fuentes jurídicas a Europa Press.

En una providencia de citación, que fue adelantada por la 'Cadena Ser', la jueza a cargo del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha llamado a comparecer en la misma fecha a otros cuatro investigados en el mismo procedimiento judicial.

Las comparecencias, originalmente programadas para el 24 de junio, fueron pospuestas a solicitud de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid, quienes pidieron investigar cinco nuevos presuntos delitos después de analizar un informe de la Agencia Tributaria que forma parte del expediente.

Hace poco, la jueza decidió abrir una nueva investigación para determinar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría cometido delitos diferentes a los que se están investigando en la causa principal.

Esta nueva investigación se centra en posibles delitos adicionales "en la utilización de una sociedad instrumental o de pantalla" en relación a contratos de servicios entre empresas relacionadas con Alberto González Amador y un cliente específico.

La investigación sobre un posible fraude fiscal se enfoca en supuestos indicadores delictivos relacionados con el Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2020 y 2021, así como en un presunto delito de falsedad en documento mercantil por la presentación de facturas que no reflejan servicios efectivamente prestados con el objetivo de reducir la carga tributaria.

En el auto que autoriza la apertura de diligencias, la jueza argumentó que como consecuencia de estas presuntas conductas defraudatorias, el contribuyente habría dejado de abonar a Hacienda una suma de 155.000 euros en impuestos de sociedades en 2020 y 195.951 euros en 2021.

Estas acciones supuestamente constituyen delitos penados en el Código Penal y estarían en concordancia con las normativas legales vigentes.

La Fiscalía inició la investigación basándose en un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de un posible fraude fiscal al descubrir gastos ficticios en facturas emitidas por varias empresas.

Este informe dio lugar a la apertura de una investigación que culminó en la presentación de una denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según la Fiscalía, la administración de la empresa en cuestión durante el periodo analizado fue responsabilidad de Alberto G. A., pareja de la presidenta regional, y la Agencia Tributaria inició investigaciones en mayo de 2022.

En el marco de estas investigaciones para los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, la empresa presuntamente llevó a cabo acciones destinadas a eludir la tributación tras experimentar un aumento en su volumen de negocios en esos ejercicios.