En Madrid, el 13 de enero, el famoso productor musical Nacho Cano se presentó a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigado en un caso que ha generado controversia, llevando consigo un semblante sereno. Cano utilizó la expresión "haré el paripé un ratito" al referirse a su declaración ante la jueza que indaga sobre su supuesta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores y otro relacionado con la situación de los extranjeros, por la supuesta contratación ilegal de becarios en su espectáculo 'Malinche'.

Poco antes de las diez de la mañana, el compositor llegó en un vehículo negro, vestido con un largo abrigo oscuro, gorra y gafas oscuras, en un intento de mantener un perfil bajo ante la multitud de periodistas que aguardaban en el exterior del tribunal. Su actitud pareció desafiante ante la atención mediática, ya que limitó sus comentarios a la prensa a su entrada, dejando más detalles para una declaración posterior.

En el pasillo de la sexta planta, Cano conversó tranquilamente con sus abogados mientras esperaba su turno para comparecer. A las diez en punto, ingresó en la sala correspondiente del juzgado de Instrucción número 19, donde se llevó a cabo la audiencia. Además de Cano, otra de las personas investigadas también debía testificar, aunque la jueza decidió posponer la comparecencia de otros dos implicados en este proceso judicial.

El abogado Alfredo Arrién, representante de la becaria mexicana que ha denunciado a Cano, llegó también al juzgado y confirmó que su clienta estaría presente para asesorarle en el curso del procedimiento. La jueza, María Inmaculada Iglesias Sánchez, había convocado a Cano el pasado diciembre, pero la declaración fue aplazada debido a "necesidades de agenda", según el comunicado judicial divulgado por Europa Press.

La investigación en curso se centra en la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Se le acusa a Cano de haber contratado a becarios mexicanos de manera irregular para su musical 'Malinche'. Durante los días 8 y 9 de enero, varios policías que llevaron a cabo la investigación previa han declarado como testigos, exponiendo detalles preocupantes sobre las condiciones laborales en las que supuestamente trabajaban los becarios.

Un inspector y el secretario del atestado policial expresaron que habían observado una relación de "explotación" laboral en la situación de los becarios. Por su parte, los abogados de Cano han descalificado el procedimiento judicial, calificándolo de "esperpento". Argumentan que el proceso carece de fundamento y que el estudio jurídico gira en torno a la definición y derechos de los becarios, de acuerdo a las regulaciones vigentes.

Arrién, el abogado de la denunciante Lesly Ochoa, aseguró que las pruebas testimoniales indican que las jornadas de trabajo eran extensas, a menudo desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, lo que llama a cuestionar la validez de la naturaleza de su relación laboral. “Ellos han declarado que había explotación laboral”, remarcó durante su intervención a medios de comunicación en la entrada del juzgado.

En respuesta, los abogados de Cano enfatizaron que el caso presenta numerosas irregularidades, insistiendo en que su cliente ha actuado dentro de la legalidad. Explicaron que el proceso judicial ha sido manipulado, con alegaciones que no se sustentan ni en hechos ni en jurisprudencia aplicable, incluyendo afirmaciones erróneas relacionadas con la situación de los becados y sus condiciones laborales.

La jueza, en un movimiento que ha causado revuelo, decidió citar a comparecer a varios testigos, incluidos representantes de la Fundación Arte Que Alimenta, el administrador del hotel donde se alojaron los becarios y otros actores involucrados, aunque suspendió la declaración de dos de ellos por haber estado asociados a la supuesta simulación de una relación de formación. Esto ha generado aún más controversia en el proceso.

Otro punto polémico fue el testimonio de una becaria que defendió la posición de Cano, alegando que todo el proceso de 'Malinche' se había gestionado de manera legal, incluso acusando a la jueza de difamación. Sin embargo, el abogado de Ochoa sostuvo que la becaria había corroborado la versión de su representada sobre su situación migratoria.

Arrién también subrayó que la institución educativa involucrada, Jana Producciones, era en realidad un intento de encubrir la verdadera naturaleza de los contratos y la relación entre los becarios y la producción, planteando serias dudas sobre la legalidad de su situación laboral.

Adicionalmente, el tribunal desestimó demandas de sobreseimiento presentadas por la defensa de Cano, señalando que las alegaciones no contribuían al esclarecimiento de los delitos investigados. La jueza reafirmó que el enfoque del caso se centra en determinar si los hechos constituyen violaciones a los derechos laborales y a los derechos de los trabajadores extranjeros.

Finalmente, en otro desarrollo significativo, la jueza decidió mantener a Comisiones Obreras como acusación popular en el procedimiento, reiterando que no habían cambiado las circunstancias que justifican su presencia en el caso, lo que añade un nuevo capítulo a este complejo proceso judicial que enfrenta uno de los nombres más reconocidos del panorama musical español.