En un giro significativo en la controversia que envuelve a la producción del musical 'Malinche', la denunciante Lesly Ochoa ha decidido presentarse en los juzgados de manera voluntaria, arremetiendo contra el conocido productor musical Nacho Cano, a quien acusa de carecer de "ética profesional". Esta situación ha puesto de manifiesto las tensiones y las acusaciones que han surgido en el entorno laboral del espectáculo, una producción que ha captado la atención pública por sus presuntas irregularidades laborales.

Durante su declaración ante la jueza Inmaculada Iglesias, Cano se desvinculó de las acusaciones relacionadas con la contratación de becarios mexicanos que participaron en su musical. El productor, exintegrante del afamado grupo Mecano, argumentó que fue "mal asesorado" y que se ocupaba principalmente de la parte creativa del proyecto, dejando en manos de su equipo los asuntos operativos. Fuentes del caso han indicado que el tono que adoptó Cano fue marcado por una cierta prepotencia, con la jueza incluso advirtiéndole en varias ocasiones durante la audiencia.

Las investigaciones en curso han llevado a Cano a ser acusado de delitos contra los derechos laborales y de los ciudadanos extranjeros, por supuestas contrataciones ilegales de estos jóvenes. Se señala que hasta una veintena de becarios habrían sido incluidos en esta polémica situación laboral, que ha suscitado un considerable debate en el ámbito jurídico.

La jornada judicial comenzó con Cano llegando puntual a los juzgados, donde hizo una declaración menos que comprometida, describiéndola como un simple “paripé”. Cabe recordar que el productor fue arrestado en julio del año pasado, momento en el cual acusó a las autoridades policiales de perseguirlo a raíz de su apoyo político a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

La declaración de Cano, que se extendió por más de dos horas, se centró en responder a las preguntas planteadas por la juez y el fiscal. Sin embargo, como ha sido reportado por fuentes presentes en la sala, su comportamiento fue considerado arrogante, lo que llevó a la jueza a requerirle que adoptara una actitud más colaborativa.

Cano afirmó desconocer varios aspectos cruciales en torno a la contratación de los becarios, alegando que tales gestiones eran responsabilidad de su equipo. Esta estrategia ha resultado ser controversial, con el productor insistiendo en que su enfoque estaba únicamente en la creatividad del espectáculo, y que la falta de cumplimiento de las normativas laborales no recaía sobre él.

La fiscalía puso un foco particular en el convenio de prácticas relacionado con estos becarios, interrogando a Cano sobre su cumplimiento. En este sentido, Cano no dudó en criticar nuevamente a la Policía, afirmando que el atestado policial era tendencioso y no reflejaba la realidad del trabajo realizado en 'Malinche'.

No obstante, Lesly Ochoa, la valiente denunciante, no se ha quedado en la retórica. Su valiente decisión de enfrentarse directamente a Cano refleja su firme convicción de exigir justicia. Ochoa ha manifestado su frustración al afirmar que, a pesar de su estatus y trayectoria, Cano no fue capaz de gestionar su contratación de manera legal, insinuando que su nacionalidad española debería haberle proporcionado el conocimiento necesario sobre las leyes laborales.

En paralelo a la declaración de Cano, también se previó que Susana Jove, jefa de personal de 'Malinche', ofreciera su versión de los hechos ante la magistrada. La situación sigue complicándose para Cano, quien enfrenta un proceso judicial que podría tener graves repercusiones sobre su reputación y carrera profesional.

El pasado 8 y 9 de enero, se escucharon testimonios clave en el juzgado madrileño de los policías responsables del atestado que siguió a la denuncia de Ochoa. En sus declaraciones, se sugirió la existencia de una relación de explotación laboral evidente, un punto de alta relevancia en esta investigación.

Por su parte, los defensores de Cano han calificado la situación de "esperpento", defendiendo que el proceso judicial ha estado cargado de irregularidades y que la acusación se basa en premisas erróneas, alegando que los becarios estaban desarrollando prácticas no laborales según lo estipulado en la normativa vigente.

El abogado de Ochoa, Alfredo Arrién, ha destacado el testimonio de los policías como contundente en cuanto a la existencia de explotación laboral y ha abordado la necesidad de revisar la definiciones legales que rigen las relaciones entre becarios y empresas. Esta cuestión ha tomado un nuevo significado tras la llegada de un nuevo Real Decreto que aclarará los derechos de los becarios, que a menudo son confundidos con empleados ordinarios.

Tras la audiencia, la jueza desestimó las peticiones de sobreseimiento libre presentadas por la defensa de Cano, substancialmente señalando que los escritos aportados no contribuyeron a esclarecer los delitos en cuestión y continuando así con el procedimiento legal vigente.

Finalmente, la magistrada también rechazó la solicitud de Cano de expulsar a las Comisiones Obreras como acusación popular en el procedimiento, argumentando que las condiciones para su participación no habían cambiado en la fase procesal actual. Todo ello sugiere que la controversia en torno a 'Malinche' y la figura de Nacho Cano no ha hecho más que comenzar.