Recientemente, se ha generado un intenso debate en Madrid en torno a un acuerdo del partido Vox con el PP, el cual, según sus críticos, infringiría la legislación vigente sobre salud sexual y los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Unidos por su oposición a esta iniciativa, Más Madrid y el PSOE han solicitado la celebración de un Pleno extraordinario con el objetivo de revocar dicho acuerdo, alegando que este pone en riesgo los derechos de las mujeres y promueve la desinformación en el ámbito del aborto.

En la última sesión ordinaria, se votó una propuesta presentada por Vox que busca educar sobre lo que denominan el "síndrome post-aborto". Dicha propuesta fue aprobada gracias al apoyo de Vox y del PP, mientras que los grupos de izquierda se manifestaron en contra, defendiendo la necesidad de información basada en evidencia científica.

La concejala Carla Toscano, de Vox, enumeró una serie de efectos negativos que, según ella, se asocian al aborto, levantando preocupaciones tanto entre los defensores de los derechos reproductivos como entre los expertos en salud mental.

Los partidos de izquierda, en su solicitud formal, acusan al acuerdo de constituir un daño para el interés público y un ataque a los derechos fundamentales de las mujeres. En este sentido, solicitan una revisión del acuerdo bajo la premisa de que podría ser ilegal, amparándose en la legislación actual.

De acuerdo con las críticas lanzadas por estos grupos, el acuerdo violaría no solo la Ley Orgánica de salud reproductiva de 2010, sino también fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, manifiestan que esta propuesta alimenta mitos que fomentan el miedo y la culpa, obstaculizando así el derecho a la autonomía de las mujeres en decisiones sobre sus propios cuerpos.

El portavoz interino de Más Madrid, Eduardo Rubiño, señaló que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, es cómplice de una agenda que considera extrema, sugiriendo que esto puede generar un retroceso significativo en los derechos de las mujeres. Almeida, por su parte, reconoció que el "síndrome post-aborto" no es una categoría científica validada y aseguró que la información a proporcionar se elaborará por profesionales competentes y no por Vox.

Almeida defendió la postura de su administración, argumentando que su objetivo es ofrecer a las mujeres información relevante sobre las posibles consecuencias del aborto como procedimiento médico, dejando claro que dicha información no será influenciada por injerencias externas.

Rubiño volvió a incidir en que lo aprobado en el Pleno requiere una reversión y recordó las dificultades previas que enfrentó el PP en intentos por limitar derechos en el pasado. La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, consideró inaceptable que Almeida mantenga este acuerdo y prometió que no se permitirán retrocesos en los derechos de las mujeres en Madrid.

Ambos partidos expresaron su compromiso con una Madrid que respete y amplíe los derechos de las mujeres, defendiendo la igualdad como un principio innegociable y convirtiendo al Ayuntamiento en un bastión contra la desinformación y el retroceso ideológico.