La reciente controversia en torno a las transferencias económicas entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ha cobrado fuerza tras las acusaciones de la formación Más Madrid, que ha puesto en tela de juicio el compromiso del gobierno regional con la financiación de servicios públicos esenciales.

Según los cálculos presentados por Más Madrid, hasta junio, la administración regional ha aportado apenas un 7% de los fondos prometidos al consistorio, lo que se traduce en solo 8 millones de euros de los 123 millones acordados. Este hecho ha generado críticas directas hacia la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien se le culpa por no cumplir con sus obligaciones presupuestarias, lo que ha afectado gravemente a programas y políticas municipales fundamentales.

La portavoz de Hacienda para Más Madrid, Sara Ladra, señaló que la Comunidad aún no ha hecho transferencias significativas para servicios críticos como la ayuda a domicilio para personas dependientes, el apoyo a la conciliación familiar ni los esfuerzos preventivos contra el absentismo escolar. En su opinión, la gestión financiera del Ayuntamiento, liderado por José Luis Martínez-Almeida, se mantiene a flote gracias a las aportaciones del Gobierno de coalición progresista, que hasta la fecha ha transferido cerca de 900 millones de euros, representando el 40% del presupuesto anual esperado.

A pesar de estos ingresos sustanciales, Ladra remarcó un aumento preocupante en la deuda del Ayuntamiento, que ha crecido en 262 millones de euros desde 2021, lo que representa un incremento del 16%. Esta situación ha suscitado un debate sobre la efectividad del uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto de recortes fiscales, que según Ladra, benefician más a los sectores acomodados que a las capas sociales más vulnerables.

La concejala de Más Madrid hizo un llamado directo a la administración de Almeida, instándola a que pase a la acción y demande los fondos adeudados por Ayuso, resaltando que más de un tercio del ingreso total del Ayuntamiento proviene del gobierno central, que, según ella, está cumpliendo con sus obligaciones. Ladra enfatizó la necesidad de priorizar el bienestar de los ciudadanos frente a las estrategias fiscales que favorecen a unos pocos privilegiados.