En Madrid, el 21 de noviembre, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha hecho una significativa aparición en las oficinas de la Fiscalía de Medio Ambiente, donde ha decidido presentar una denuncia que pone en el centro de la atención pública la construcción de un crematorio en la M-40. Esta denuncia gira en torno a lo que Maroto califica como un presunto delito que afecta tanto al medio ambiente como a la salud pública, con la acusación de que la licencia para este proyecto ha sido concedida de manera irregular.

Tras realizar su denuncia, Reyes Maroto se dirigió a los medios, reiterando el apoyo incondicional del Grupo Socialista a las preocupaciones expresadas por los residentes de los distritos afectados, en particular Usera y Villaverde. Según Maroto, la construcción del crematorio representa una grave amenaza para la salud de los ciudadanos y ha provocado un profundo rechazo entre la población local, que ha manifestado su descontento de forma contundente.

En sus declaraciones, la portavoz socialista subrayó que la situación actual contraviene el artículo 45 de la Constitución Española, que establece como deber de los poderes públicos la protección de la salud y el medio ambiente. Este aspecto se convierte en un pilar central de la argumentación de Maroto al criticar la decisión del Ayuntamiento en relación a este proyecto.

La portavoz del PSOE no dejó de señalar, con un tono crítico, a la figura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a quien acusa de eludir su responsabilidad al "escudarse" en los funcionarios y en la interpretación de un fallo del Tribunal Supremo. Maroto se refería específicamente a una resolución que, según su interpretación, no obliga al Ayuntamiento a proceder con la construcción del crematorio, sino que más bien reclama una justificación más detallada sobre la decisión tomada.

"Lo que indica la sentencia del Tribunal Supremo es que el Ayuntamiento debe realizar un análisis más exhaustivo antes de proceder con la construcción", enfatizó Maroto. Este comentario resalta su crítica a la gestión del alcalde, a quien responsabiliza de una interpretación errónea de la normativa vigente en este caso, reiterando que su mandato es más que una mera cuestión de cumplimiento burocrático.

La portavoz también expresó su frustración ante lo que describe como el “trilerismo del señor Almeida”, sugiriendo que el alcalde siempre busca excusas y derivaciones de responsabilidades en lugar de asumir las consecuencias de sus decisiones. Para Maroto, es fundamental que un alcalde actúe con la responsabilidad que le corresponde, especialmente cuando se trata de decisiones que impactan directamente en la salud de los residentes de Madrid.

Con la denuncia presentada, Reyes Maroto declaró que el Grupo Municipal Socialista espera que la Fiscalía del Medio Ambiente admita la denuncia para poder dar voz al descontento de la ciudadanía respecto a esta obra. Cabe destacar que el PSOE ya había llevado a cabo anteriormente un recurso de reposición contra la concesión de la licencia urbanística a la empresa Parcesa, responsable de la instalación del horno crematorio.

Por otro lado, los socialistas han puesto de relieve que la solicitud para la licencia del crematorio data de 2015, momento en el cual no se aplicaba la más reciente Ordenanza de Calidad del aire y sostenibilidad, sino la normativa anterior, que proviene de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985. La desactualización normativa se presenta como un punto a favor del argumento socialistas en contra de la legalidad de la licencia otorgada.

Esta normativa de los años 80 establece en su artículo 55.3 que los hornos de incineración de cadáveres deben ser ubicados a una distancia mínima de 250 metros de las viviendas para garantizar la salud de los vecinos. Excepcionalmente, admite la posibilidad de obviar este requisito solo si se demuestra que el proyecto es inocuo. Sin embargo, según los socialistas, en este caso las preocupaciones son válidas y no se cumplen las condiciones necesarias.

La incineración de cadáveres está asociada a emisiones dañinas, incluyendo monóxido de carbono, mercurio, cadmio y otros compuestos tóxicos. A pesar de los sistemas de filtrado que se usan en estos procesos, la tecnología actual no logra eliminar completamente tales emisiones, lo que significa que siempre existirán riesgos para la salud de la población circundante. La posición del PSOE, por lo tanto, se sostiene en la crítica a la concesión de la licencia, argumentando que no hay garantía de emisiones cero en torno a estas instalaciones, lo que genera un escenario preocupante para la salud pública.