La reciente controversia generada por las declaraciones de Reyes Maroto, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha llegado a un final sin claridad. Durante su intervención, Maroto afirmó que 7.291 ancianos murieron en residencias, un comentario que rápidamente suscitó tanto reacciones negativas como un desmentido posterior por parte de la propia edil.

En una rueda de prensa celebrada en la Puerta del Sol, donde se manifestaba a favor de gestionar de manera pública las nuevas residencias de mayores en la región, Maroto minimizó la situación a su vez que insistió en que no dedicaría más tiempo al asunto. “Ya dije lo que tenía que decir y no le voy a dedicar ni un segundo más a este tema”, comentó con determinación ante los periodistas.

Sin embargo, las palabras de Maroto resuenan con fuerza, ya que afirmó que “7.291 fueron las víctimas o personas mayores asesinadas” a raíz de un protocolo que, según ella, dejó a los ancianos sin atención médica oportuna en medio de la crisis sanitaria. El comentario fue catalogado como irresponsable por el gobierno regional liderado por Isabel Ayuso, quien prontamente decidió tomar acciones legales en su contra.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, dejó claro que tales acusaciones son inaceptables, diciendo: "no vale todo en política". Posteriormente, el alcalde José Luis Martínez-Almeida rompió cualquier vínculo de comunicación con el PSOE, describiendo las declaraciones de Maroto como “nauseabundas e indecentes”, señalando que solo se les atendería a través de los canales formales del Ayuntamiento.

“Hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan manchando la política madrileña con manipulaciones tan objetivamente crueles”, expresó el regidor, subrayando el desprecio hacia lo que considera un uso irresponsable del dolor ajeno para conseguir beneficios políticos.

En un giro inesperado, Maroto posteriormente emitió un comunicado en el que se retractaba de su acusación, aclarando que no era su intención imputar crímenes, sino llamar la atención sobre las fallecimientos en residencias que carecieron del debido cuidado médico. Afirmó que, en última instancia, la responsabilidad debería dirimirse en los tribunales.