Crónica Madrid.

Crónica Madrid.

Madrid se opone a recibir más menores del reparto obligatorio del Gobierno.

Madrid se opone a recibir más menores del reparto obligatorio del Gobierno.

En un contundente pronunciamiento, Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha manifestado que su región no puede recibir más menores del polémico sistema de “reparto forzoso” que se implementa a través de sorteos. Dávila ha señalado que los centros de atención están completamente desbordados, lo que hace imposible aceptar nuevos casos.

Al salir de la Conferencia Sectorial de Infancia, Dávila ha advertido al Gobierno de España y a la ministra correspondiente que son responsables de cualquier situación adversa que pueda surgir si siguen insistiendo en esta práctica de asignación de menores que se hace sin tener en cuenta su voluntad ni circunstancias personales.

La consejera ha arremetido contra el Ministerio dirigido por Sira Rego, denunciando que no actúa en defensa de la infancia, sino en contra de sus intereses. Según Dávila, las decisiones que se están tomando son perjudiciales para el bienestar de los menores, en lugar de favorecer su desarrollo y protección.

Dávila ha criticado que el Gobierno central ha obligado a las comunidades autónomas a sobrecargar sus recursos y sistemas de protección para menores, poniendo así en grave riesgo la atención que se les debe brindar. La situación actual, según la consejera, es insostenible.

Durante el encuentro, el Ministerio intentó discutir un nuevo decreto sobre Acogimiento que propone garantías comunes para los centros de menores, siguiendo las pautas de la ONU y del Consejo de Europa. Este decreto prioriza la desinstitucionalización y fomenta el acogimiento familiar, así como la creación de entornos más pequeños y protectores.

Sin embargo, Dávila ha expresado su sorpresa ante la aparente contradicción del Gobierno: mientras se promueve el acogimiento familiar y el regreso a familias extensas, se intenta también favorecer, mediante decretos, la institucionalización de los menores. Esta incongruencia es inaceptable, ha sentenciado, desde la Comunidad de Madrid, donde se ha denunciado esta postura contradictoria del Gobierno de España.