La reciente revelación realizada por el Ministerio de Derechos Sociales subraya un grave problema en la capital española. A través de un informe presentado, el ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, ha determinado que en Madrid existen más de 15.200 pisos turísticos que operan sin la debida legalidad.

En este contexto, la presión ha recaído sobre el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida. Bustinduy ha solicitado que se tomen medidas concretas para eliminar los anuncios de estas propiedades en diversas plataformas digitales que ofrecen viviendas de uso turístico sin licencia.

Según la información entregada por el ministerio, se han registrado un total de 16.335 anuncios de pisos turísticos, una cifra alarmante si se compara con las escasas 1.131 licencias que ha otorgado el Ayuntamiento. Esta disparidad ha causado preocupación entre las autoridades, que ven en estas cifras un indicio de una situación crítica en el sector del alquiler turístico.

De acuerdo con el ministerio, el número elevado de pisos turísticos ilegales está generando un impacto negativo en el derecho a una vivienda digna, lo que podría llevar a una expulsión de los vecinos de sus barrios. Por ello, la solicitud de Bustinduy al alcalde es clara: debe actuar para eliminar estos anuncios ilegales.

El informe no solo identifica los anuncios, sino que también incluye direcciones y datos de contacto de algunos propietarios, lo que facilitaría al Ayuntamiento emprender acciones para clausurar estas actividades ilegales y aplicar sanciones pertinentes.

Bustinduy ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones, sin importar su inclinación política, se unan para afrontar esta problemática. La intención es poner un freno a la proliferación de alojamientos turísticos que operen al margen de la ley y que afectan a la disponibilidad de viviendas para los ciudadanos.

Para llevar a cabo esta labor, la Unidad de Análisis de Consumo ha estado trabajando durante meses recopilando datos específicos sobre los alojamientos turísticos en Madrid. Tras detectar una alta concentración de operaciones ilegales, la información obtenida se ha trasladado al Gobierno municipal para que se tomen las decisiones adecuadas.

Con una base de datos que incluye decenas de miles de enlaces a anuncios de propiedades, el ministerio ha proporcionado al Ayuntamiento una herramienta valiosa para investigar y regular el sector. Esto incluye evidencias que pueden sustentar la necesidad de cerrar dichos alojamientos y retirar sus anuncios de las plataformas online.

Las autoridades también han subrayado que parte de la información recopilada puede ser determinante para que los servicios de inspección del Ayuntamiento identifiquen y actúen contra los alojamientos que estén operando sin la debida autorización.

Además, el ministerio ha hecho un llamado al Ayuntamiento de Madrid para que tome como modelo las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha logrado eliminar miles de anuncios ilegales y devolver esas propiedades al mercado del alquiler normativo. También se menciona la iniciativa del Consell de Ibiza como un ejemplo digno de seguir.

A parte de las acciones de los gobiernos locales, el propio Ministerio de Consumo ha iniciado procedimientos sancionadores contra plataformas de alquiler que no cumplen la normatividad de publicidad relacionada con las licencias, así como contra gestoras que operan como si fueran particulares, lo que contradice las leyes de protección al consumidor.

Estas medidas se están llevando a cabo de manera autónoma, sin interferir en la colaboración con diferentes administraciones, con el objetivo de restringir la expansión descontrolada de pisos turísticos ilegales en Madrid.