El conflicto de la recogida de basuras vuelve a hacerse presente en Madrid, justo cuando se cumplen doce años desde la polémica huelga que llevó a la exalcaldesa Ana Botella a describirla como una "huelga salvaje". En noviembre de 2013, tras trece días de paros, la situación culminó con una denuncia en la Fiscalía debido a actos vandálicos, y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a Tragsa para gestionar la limpieza con personal externo.

Botella, en su momento, lanzó un ultimátum a las empresas concesionarias de limpieza y jardinería, instándolas a alcanzar un acuerdo con los trabajadores en un plazo de 48 horas o, de lo contrario, el Ayuntamiento se haría cargo del servicio. Esta firmeza en la respuesta reflejaba la gravedad de la situación.

La actualidad madrileña presenta ciertas similitudes inquietantes. Este viernes, la ciudad atravesaba su cuarto día de huelga y se reportaron incumplimientos de los servicios mínimos. En este contexto, el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, comunicó que el Consistorio estaba evaluando la posibilidad de asumir directamente la limpieza de las calles, ya sea utilizando medios propios o contratando servicios externos.

“Es fundamental que el Ayuntamiento garantice la higiene y la salubridad en Madrid. Por ello, estamos analizando alternativas para poder recuperar de inmediato la recolección de residuos que no se está realizando”, aseguró Almeida.

Al igual que en el pasado, la falta de acuerdo llevó a acciones drásticas. En su día, Botella tuvo que recurrir a la empresa estatal Tragsa para que se encargara de la limpieza tras el fracaso de las negociaciones. En esta nueva crisis, el Ayuntamiento también ha dejado claro que se contratarán empresas externas a partir de la madrugada del lunes en caso de no alcanzar un acuerdo entre sindicatos y concesionarias, según lo anunciado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Carabante ha indicado que se seguirán imponiendo sanciones a las concesionarias por no cumplir con los servicios mínimos establecidos. Hasta el viernes, la multa había ascendido a 1,6 millones de euros, cifra que se incrementó a 2 millones el sábado y seguiría aumentando con 400.000 euros diarios por cada día de incumplimiento. De seguir así, las sanciones podrían alcanzar los 2,4 millones al finalizar el día.

Es importante recordar que en situaciones similares hace doce años, el Ayuntamiento había descontado hasta 4,5 millones de euros a las empresas concesionarias por el mismo motivo después de catorce días de huelga.

Bajo esta presión, Botella recibió el apoyo incondicional de su partido, el PP, que defendió su gestión ante la crisis de las basuras, subrayando que estaba cumpliendo con sus compromisos legales. Manuel Cobo, en aquel entonces vicealcalde de Madrid, reiteró el respaldo del partido a su estrategia de mantener la limpieza de la ciudad.

La defensa de Botella también fue respaldada por la entonces Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien argumentó que en situaciones que afectan servicios prioritarios, es necesario que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto para garantizar el bienestar de los ciudadanos.

En un giro de la historia, doce años más tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su apoyo a Almeida, criticando la falta de "corazón y compromiso" en la respuesta a una crisis que llega en una época de alta actividad turística en la capital.