La Comunidad de Madrid ha decidido presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo en oposición al reciente decreto del gobierno central que regula la distribución de menores inmigrantes no acompañados. La razón detrás de este recurso se centra en la supuesta violación de competencias autonómicas, un argumento ya utilizado en acciones anteriores.

Este último movimiento jurídico se suma a dos recursos previos que la Administración de Madrid ya había impulsado. El primero se enfocó en un Real Decreto-ley promulgado el 18 de marzo, mientras que el segundo se dirigió contra un decreto de desarrollo ratificado por el Consejo de Ministros el 22 de julio. La Comunidad de Madrid no está sola en su lucha, ya que otros diez territorios también impugnaron el primer decreto ante el Tribunal Constitucional, alegando un exceso de poder en áreas como la protección del menor y la asistencia social, además de cuestionar la urgencia y el procedimiento adoptado por el gobierno central.

El segundo recurso, presentado el 30 de julio, fue en respuesta a las medidas adoptadas para gestionar una crisis migratoria extraordinaria, las cuales, según el Gobierno regional, no ofrecen suficiente protección al interés de los menores y adolescentes inmigrantes no acompañados, particularmente aquellos que llegan desde Canarias.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, declaró anteriormente que la distribución de menores ha sido acordada de manera parcial con partidos independentistas, lo que, en su opinión, favorece a Cataluña y el País Vasco en detrimento del resto de las comunidades. García Martín advirtió sobre las implicaciones de esta situación, anticipando una creciente desigualdad entre regiones, además de señalar la falta de garantías de financiación para atender a los menores reasignados. “No seremos parte de un enfoque migratorio erróneo”, afirmó el portavoz del Gobierno madrileño.

Más allá de las acciones judiciales, la Comunidad de Madrid ha solicitado insistentemente al Gobierno central que proporcione información clara sobre los criterios utilizados para llevar a cabo esta controvertida distribución de menores. Han calificado dicho proceso como “arbitrario, opaco y discriminatorio”, excluyendo a comunidades como el País Vasco y Cataluña de este mismo escrutinio.