La Comunidad de Madrid ha decidido llevar al Tribunal Constitucional una impugnación contra el reciente cambio en la Ley de Extranjería promovido por el Gobierno central, relacionado con la distribución de menores extranjeros no acompañados. A juicio de las autoridades madrileñas, esta modificación carece de fundamento y omite la participación de las comunidades autónomas en el proceso.

En una reciente reunión, el Consejo de Gobierno asignó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid la tarea de impugnar el Real Decreto ley 2/2025, que fue aprobado el 18 de marzo en el Consejo de Ministros. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, transmitió esta decisión, enfatizando que se trataba de una acción necesaria ante la falta de criterios claros en el nuevo reparto.

El consejero expresó su firme rechazo a este sistema de distribución "discrecional", que, según afirmó, fue convenido entre el Gobierno y Junts únicamente para asegurar unos votos en el Parlamento. A su entender, la prioridad de Pedro Sánchez y su equipo no son los menores, sino la estabilidad política.

Por otra parte, la información proporcionada por la Abogacía General de Madrid sostiene que el Real Decreto ley en cuestión transgrede varios artículos de la Constitución de 1978, al usurpar las competencias exclusivas del Gobierno regional en aspectos relacionados con la protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados.

El informe también destaca que esta normativa podría estar vulnerando los derechos fundamentales de estos menores al establecer cuotas para su distribución sin garantizar adecuadamente su atención. La Comunidad critica la falta de diálogo y la ausencia de acuerdos entre administraciones, lo que contraviene el espíritu de solidaridad y lealtad que debe existir entre ellas.

Además, argumentan que la gestión de recursos económicos para recibir a estos menores es insuficiente, lo que pone en riesgo su bienestar. La Comunidad reprocha al Gobierno central no garantizar la financiación necesaria para atender a los menores de manera adecuada.

El recurso también señala que el uso del real decreto ley es inapropiado en este caso, ya que, por su naturaleza, debería ser debatido a través de una Ley Orgánica, dado que afecta derechos fundamentales de los ciudadanos. Asimismo, critican la justificación de "extraordinaria y urgente necesidad" cuando la problemática se ha reconocido durante al menos ocho años.

Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha atendido a más de 10,000 menores extranjeros no acompañados, y en lo que va del presente año, ya ha recibido a 937 de estos jóvenes, reafirmando su compromiso con la protección infantil dentro de su territorio.