Madrid denuncia a Maroto por utilizar el término "asesinatos" al referirse a muertes en residencias durante la pandemia.

MADRID/CÓRDOBA, 14 de marzo.
La Comunidad de Madrid ha decidido accionar legalmente contra Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, por sus polémicas afirmaciones recientes en las que acusó a la administración regional de ser responsable de la muerte de 7.291 personas mayores en residencias durante la crisis sanitaria del Covid-19.
El anuncio fue realizado el viernes por Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, quien también actúa como portavoz del Gobierno madrileño. García expresó su firme intención de llevar a cabo acciones legales, considerando que tales acusaciones de homicidio no deben ser tomadas a la ligera. “Los equipos legales de la Comunidad de Madrid están preparando todo lo necesario para presentar esta querella ante el tribunal adecuado”, afirmó desde Córdoba.
García enfatizó que “en política no todo vale” y que no se pueden permitir declaraciones que impliquen un delito tan grave sin consecuencias. Según él, la declaración de Maroto es un intento desmedido de atacar la imagen del gobierno regional y, por tanto, no debe quedar sin respuesta.
Por su parte, Fátima Matute, consejera de Sanidad, también alzó la voz contra la portavoz socialista, calificando sus palabras de “sinvergüenza” y describiendo la insinuación de asesinatos en residencias como “abominable”.
Matute argumentó que los ataques de Maroto son un intento de desviar la atención de la mala gestión que ha caracterizado a su propio partido. “En lugar de asumir sus responsabilidades y abordar los verdaderos problemas de su formación política, recurre a mentiras dolorosas que no hacen más que alimentar la confusión,” añadió, exigiendo a Maroto que retracte sus palabras y se centre en los retos a los que se enfrenta su partido.
La portavoz del PSOE había afirmado que el número de fallecidos en residencias alcanzó las 7.291 personas debido a la falta de atención y el “protocolo de la vergüenza” respaldado por el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso, sugiriendo que estas muertes pudieron haberse evitado con una mejor gestión de las derivaciones a hospitales.
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