En Madrid, el 4 de julio, la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, ha expresado su descontento con el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, por su limitada aceptación de plazas para médicos internos residentes (MIR) en el área de Urgencias y Emergencias. Matute ha señalado que, mientras que la Comunidad había propuesto un total de 61 plazas, el ministerio solo ha autorizado 11, lo que representa una escasa respuesta ante las necesidades de la región.

La Consejería de Sanidad reclama una mejor atención a la oferta presentada, que se enmarca dentro del esfuerzo del Gobierno regional por cubrir un déficit crítico de personal sanitario en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Matute ha subrayado que esta decisión podría perjudicar otras especialidades al limitar el número de nuevas plazas disponibles en un momento en que se requiere un aumento del personal médico.

La consejera critica también lo que considera una falta de visión estratégica por parte de la ministra García, quien, según Matute, está más interesada en avanzar en su carrera personal que en fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Señala que esta falta de perspectiva a largo plazo podría resultar en un desmejoramiento de la calidad del servicio médico en el futuro.

Las declaraciones de Matute se han producido antes de la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) antes del periodo estival. La consejera ha denunciado que la agenda de la reunión contiene numerosos temas que no podrán ser tratados con la profundidad que requieren.

Uno de los puntos destacables en la agenda es el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo objetivo declarado es modernizar el sector. Sin embargo, esta propuesta ha suscitado descontento entre profesionales de la salud, quienes han presentado cerca de 400 alegaciones durante su fase de revisión pública, alegando que sus preocupaciones no han sido consideradas adecuadamente.

Asimismo, Matute ha puesto de relieve la problemática asociada al proyecto de modificación de un Real Decreto que regula la autorización de centros sanitarios, sugiriendo que esto podría generar inseguridad jurídica y realizar un ataque indebido a la sanidad privada en España.

La consejera ha criticado que muchos acuerdos que se discuten en el cónclave entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas carecen de financiación, debido a la prórroga de los presupuestos, lo que crea falsas expectativas sobre la implementación de iniciativas necesarias. Matute ha expresado su frustración, sugiriendo que se está jugando con las necesidades de la sanidad pública.

En cuanto a la reciente petición de la ministra para aumentar el número de plazas para enfermeras, Matute ha enfatizado que las comunidades autónomas ya están haciendo su parte en la financiación y que el Ministerio debería centrarse en un plan global de recursos humanos en el sector, en lugar de fragmentar los esfuerzos por categorías profesionales, como sucede con la situación de los enfermeros. Ha insistido en la necesidad de una estrategia más coherente y unificada.