En un desarrollo que ha generado controversia política en Madrid, el secretario general del PSOE-M y actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha exigido que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, brinde explicaciones sobre lo que él califica como la filtración de una "mentira" a los medios de comunicación. Esta solicitud surge después de que se evidenciara que no existen pruebas que incriminen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni al Gobierno en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

López expresó su indignación, afirmando que "todo Madrid sabe" y que "toda España sabe" que el novio de Ayuso, Alberto González Amador, ha admitido haber cometido un delito. Además, recalcó que el jefe de gabinete de la presidenta autonómica había tergiversado la verdad al comunicar información a la prensa. Estas declaraciones se produjeron tras su encuentro con las Juventudes Socialistas de Madrid en la sede del PSOE-M, donde enfatizó su demanda de rendición de cuentas.

El informe de la UCO ha revelado que no se encontraron "0 mensajes" en los dispositivos del fiscal García Ortiz durante el periodo crítico del 8 al 14 de marzo, que es el intervalo investigado en relación con la supuesta filtración. Sin embargo, la unidad sí halló mensajes relacionados en el teléfono de otra persona imputada, lo que añade un nuevo matiz al caso que se está investigando en el Tribunal Supremo.

Dicha información fue confirmada en un documento al que tuvo acceso Europa Press, en el cual se detalla el análisis de los dispositivos electrónicos que fueron incautados a García Ortiz durante un registro realizado en su oficina el 30 de octubre. Los aparatos confiscados incluyen dos teléfonos móviles, un ordenador y una tableta, todos los cuales son evaluados en busca de evidencias pertinentes al caso.

Finalmente, López subrayó que, tras confirmarse que la información sobre la filtración era falsa, se intentó orquestar una "campaña" en contra del fiscal general y del Gobierno de España. Esta aseveración revela la tensión política entre las distintas fuerzas en el ámbito administrativo, subrayando el clima de desconfianza que a menudo atraviesa el panorama político español.