El pasado 5 de noviembre, en Madrid, el antiguo líder del PSOE en la capital, Juan Lobato, y su exsecretaria de política institucional, Pilar Sánchez Acera, comparecieron ante el Tribunal Supremo para abordar la polémica en torno al correo electrónico enviado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos testigos afirmaron no haber recibido dicho correo de la Fiscalía General del Estado, en el que González ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo.

La comparecencia se enmarca en la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien enfrenta una pena de seis años de cárcel y 12 años de inhabilitación por presuntas filtraciones a la Cadena SER sobre el caso de González Amador. La investigación se centra en la revelación de este correo que tuvo lugar el 13 de marzo de 2024.

Los testimonios se centran en la correspondencia de mensajes de WhatsApp entre Lobato y Sánchez Acera el 14 de marzo. En la mañana de ese día, Sánchez envió a Lobato una captura de pantalla que contenía información similar a la del correo controvertido. Lobato expresó su preocupación por no conocer la fuente de dicha información, indicando que podía hacer parecer que provenía de la Fiscalía.

En su declaración, Lobato enfatizó la prudencia que caracteriza a su actuar político, asegurando que la falta de certidumbre sobre el origen del pantallazo le llevó a ser cauteloso. Como experto en Hacienda, advirtió que era preferible no utilizar información cuya fuente no estuviera claramente identificada. Esta actitud preventiva lo llevó incluso a acudir a un notario para protocolizar el intercambio de mensajes del 14 de marzo tras enterarse de un proceso judicial.

Cuando se le preguntó si alguien de la Fiscalía le había hecho llegar la información, Lobato respondió negativamente, confirmación que también realizó Sánchez Acera. Esta última reiteró que la información le había llegado a través de un medio de comunicación, aunque no pudo recordar cuál precisamente, ni el nombre del periodista, así como que lo recibió justo antes de enviárselo a Lobato.

Sánchez Acera también aclaró que, debido a un cambio de teléfono a finales de 2024, no pudo rastrear quien le había enviado la información. Aseguró que el pantallazo se lo había enviado a Lobato porque era su superior y consideraba que era un asunto de interés público. Lobato, por su parte, subrayó que no había recibido ningún tipo de instrucciones de Sánchez Acera ni del secretario de Estado de Comunicación de aquel momento, Francesc Vallés, sobre cómo actuar respecto a la información recibida.

Es importante señalar que el instructor del caso había insinuado que en la Fiscalía se habían recibido indicaciones desde Moncloa para filtrar información relativa a González Amador, aunque esta afirmación fue desestimada por la Sala de Apelación por falta de evidencia suficiente.

A lo largo de su testimonio, Sánchez Acera reiteró que nunca tuvo acceso al famoso "correo del 2 de febrero", insistiendo en que lo que recibió era simplemente un pantallazo sin identificador. La exasesora remarcó que no había manera de saber quién lo había enviado o cuándo.

Lobato coincidió en que había recibido un documento distinto al que se había publicado en los medios, argumentando que esa diferencia era crucial y documentada de manera oficial ante el notario. Ambos testigos afirmaron que nunca compartieron el pantallazo con otras personas.

El juicio también escuchó a varios periodistas involucrados en la cobertura del caso, quienes ejercieron su derecho a no revelar sus fuentes en el contexto de la supuesta filtración. Según se ha presentado en el caso, el fiscal general recibió el controvertido correo el 13 de marzo, a las 21:59 horas, tras una serie de reenvíos dentro de la Fiscalía.

Uno de los periodistas de 'eldiario.es', José Precedo, declaró que recibió documentación relevante el 6 de marzo, incluyendo el correo en cuestión, aunque no pudieron publicarlo de inmediato debido a la necesidad de verificar la información. Además, mencionó que su fuente le había prohibido mostrar el correo y mantener su existencia en secreto para no alertar a otros medios.

Algunos de los periodistas, incluyendo a Esteban Urreiztieta de 'El Mundo', subrayaron la rapidez con que se dio a conocer la información, la cual generó una respuesta mediática considerable. Sin embargo, manifestó que en ese momento carecía de conocimiento sobre el correo de 2 de febrero, que revelaba que la iniciativa de llegar a un pacto había partido de Neira.

La primera semana del juicio contra el fiscal general García Ortiz ha llegado a su fin y se reanudará el martes a las 10:00 horas, donde García Ortiz está programado para declarar el 12 de noviembre, mientras que el 13 de noviembre se prevé que se presenten los informes finales por parte de las partes involucradas.