El municipio de Leganés se encuentra en una situación singular al negarse a implementar la reciente tasa de basuras establecida por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que exige a todos los municipios españoles cumplir con este requisito antes del 10 de abril de este año. A diferencia de otras localidades que son administradas por el Partido Popular (PP), que han decidido acatar la normativa a pesar de sus reticencias, Leganés se mantiene firme en su postura de resistencia.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, perteneciente al PP, ha optado por no pronunciarse más sobre este asunto, según informaron fuentes del Consistorio a Europa Press. Sin embargo, en un video publicado en la plataforma X (anteriormente Twitter), Recuenco dejó claro su rechazo a imponer este tributo estatal, asegurando que su administración no aplicará la tasa de basuras de Pedro Sánchez y que tampoco prevé incrementos en otros impuestos. Reiteró su compromiso con una fiscalidad baja que permita ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.

Desde el gobierno local, conformado por el PP y ULEG, precisaron que su atención está centrada en la elaboración de los nuevos Presupuestos, actualmente en negociación, considerándolo un asunto prioritario que justifica su silencio sobre la tasa de basuras.

En contraste, Torrelodones se ha sumado recientemente a la lista de municipios que han dejado atrás la oposición al impuesto y ha confirmado que la tasa será llevada a Pleno municipal en un futuro cercano. Este municipio ha manifestado claramente su intención de cumplir con la Ley, lo que resalta una tendencia general entre otros municipios de la región.

A finales del año pasado, se revelaron los enfrentamientos entre el equipo de gobierno del PP y su socio Vox, cuyas votaciones son imprescindibles para avanzar en la modificación de las ordenanzas fiscales. La concejal de Hacienda, Concha Pastor, advirtió en diciembre que el enfoque sería trabajar en un consenso que permita aprobar la nueva tasa de basuras antes del plazo de abril de 2025.

Alcobendas, otro municipio de la Comunidad de Madrid, ha mostrado una postura decididamente en contra de la implementación de la tasa. La alcaldesa Rocío García reafirmó su compromiso de no aplicar el tributo a menos que exista una imposición directa del gobierno central. García ha indicado que Alcobendas no cobrará esta tasa mientras haya posibilidad de que el Gobierno rectifique sobre lo que califica como un 'basurazo'. Sin embargo, la falta de cambios en la directriz del Gobierno central sugiere que finalmente Alcobendas podría verse obligada a cumplir con la norma.

Esta semana, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, instó a los ayuntamientos de la región a cumplir con la tasa de basuras, aunque no estén de acuerdo con ella, en una clara referencia a la posición del alcalde de Leganés. También reiteró su desacuerdo personal, pero subrayó la importancia de respetar la ley estatal.

El aviso de García Martín llegó poco después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, recordara a Leganés y a otros municipios 'insumisos' su obligación de implementar la tasa. Martín destacó el hecho de que el PP, al que pertenecen las autoridades de estos municipios, no se opuso (se abstuvo) a la ley en su trámite parlamentario, lo que resulta sorprendente dado su actual desacato.

Judith Piquet, presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y alcaldesa de Alcalá de Henares, ha calificado esta normativa como una carga directa para los ciudadanos y un ataque a la autonomía fiscal de los ayuntamientos, al obligarles a gestionar la financiación de residuos sin los recursos necesarios. Sin embargo, reconoció que todos los alcaldes deben acatar la ley impuesta.

La Ley de Residuos y Economía Circular especifica en su artículo 11 que "las entidades locales establecerán una tasa [...] que permita implantar sistemas de pago por generación" y que refleje los costos reales asociados a la gestión de residuos. Esta legislación otorga a los municipios un plazo de tres años a partir de su aprobación para implementar la tasa, que culminará el 10 de abril de 2025.