El controvertido empresario Alberto González Amador se presentará este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la supuesta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un posible fraude fiscal, según acusa la Fiscalía de Madrid.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha convocado a los demás investigados para este mismo día, después de que las comparecencias programadas el pasado 20 de mayo fueran suspendidas debido a un problema con la notificación de la citación a uno de los imputados en el caso.

La pesquisa se enfoca en indicios delictivos con respecto al Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, y un presunto delito de falsedad en documento mercantil al presentar facturas que no reflejan servicios reales, con el propósito de reducir la carga tributaria.

En el auto de inicio de diligencias, la jueza explicó que, aparentemente, "como resultado de estas acciones fraudulentas, el contribuyente dejó de pagar a la Hacienda Pública estatal 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y 195.951 euros por el de 2021".

Se argumentó que dichas acciones constituyen "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso prestará declaración mientras el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco José Goyena, tramita la querella presentada contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid sobre la correspondencia entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso.

En cuanto al caso que involucra a la pareja de Ayuso, la Fiscalía inició la investigación tras un informe de la Agencia Tributaria que detectó un posible fraude fiscal al identificar "gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no corresponden a servicios reales, todo con el objetivo de pagar menos al erario público por el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021", según la denuncia del fiscal.

El 22 de enero, la Fiscalía recibió un informe de la Agencia Tributaria sobre la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, del cual se derivaron "datos e indicios sobre hechos relacionados con el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 que podrían constituir un delito".

El informe mencionó dos delitos contra la Hacienda Pública, con un fraude tributario superior a 120.000 euros y un presunto delito de falsedad en documento mercantil al presentar facturas falsas para reducir la carga tributaria.

Como consecuencia de este informe, la Fiscalía decidió iniciar una investigación que culminó en la presentación de una denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la gestión de la entidad durante el periodo investigado estuvo a cargo de Alberto G. A., quien es el compañero de la presidenta regional. La Agencia Tributaria inició actuaciones de comprobación el 12 de mayo de 2022.

Como resultado de estas acciones de comprobación para los ejercicios 2020 y 2021, la denuncia destaca que "la sociedad, con el fin de evadir su tributación ante el aumento de su volumen de negocios en esos años, realizó ciertas acciones para reducir dicha tributación".