Un nuevo capítulo en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se abrió este lunes en Madrid con el inicio de su juicio, donde su abogada ha denunciado una serie de irregularidades a lo largo del proceso que afectan a su defensa. Según Consuelo Castro, quien representa al Estado, García Ortiz ha sido objeto de una presunción de culpabilidad desde el principio, lo que ha llevado a la necesidad de anular evidencias obtenidas de manera cuestionable durante las investigaciones.

El juicio se centra en acusaciones contra García Ortiz por supuestas filtraciones de información relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En caso de ser hallado culpable, el fiscal general podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación, y una multa que supera los 400.000 euros.

Durante su comparecencia, García Ortiz negó enérgicamente las acusaciones al ser interpelado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. "No me considero responsable de los delitos que se me imputan", respondió el fiscal general, sosteniendo así su postura de inocencia frente a los cargos.

Consuelo Castro destacó, durante sus declaraciones, la gravedad de las irregularidades evidenciadas durante la instrucción del caso. Subrayó que la metodología seguida por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha condicionado injustamente el proceso, impidiendo que García Ortiz tuviera la posibilidad de defenderse correctamente porque se partía de una suposición de culpabilidad.

Un aspecto crucial del debate se centra en los registros realizados el 30 de octubre de 2024 en las oficinas de García Ortiz y su colega, Pilar Rodríguez. Durante esos operativos, se obtuvieron pruebas significativas contra el fiscal general, como correspondencias que sugieren una filtración la noche en que supuestamente se cometió la infracción, en marzo de ese mismo año, así como el contenido borrado de su teléfono móvil.

La defensa ha presentado un informe pericial que se había rechazado anteriormente en el proceso, argumentando que resulta imposible determinar qué mensajes fueron eliminados el 16 de octubre de 2024. Según la Guardia Civil, ese día García Ortiz borró dos veces la información de su dispositivo, lo que añade un nivel de complejidad y confusión al caso.

Castro ha solicitado además que se añadan mensajes de X pertenecientes a Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Díaz Ayuso, al considerar que estos podrían evidenciar una supuesta conspiración entre organismos del gobierno y la Fiscalía para socavar la figura de la presidenta madrileña. Según la abogada, este contexto es fundamental para entender la naturaleza del caso.

El fiscal García Ortiz ha defendido su postura firmemente, afirmando que los rumores sobre filtraciones son infundados. La investigación había sugerido que podían existir filtraciones de correos electrónicos relacionados con negociaciones entre González Amador y la Fiscalía, lo que complica aún más la situación en torno a este escándalo.

Además, la abogada del Estado ha destacado la importancia de que se recojan otros elementos de prueba, incluyendo la inexistencia de registros de la palabra "Campos" en los dispositivos de García Ortiz, lo cual podría significar que no hubo contacto directo con el periodista mencionado en la investigación.

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, ha respaldado la crítica a los registros, alegando que vulneraron derechos básicos del fiscal general. Además, pidió que se reenviara documentación relevante para respaldar la defensa, sugiriendo una posible colaboración entre diversas partes para desacreditar a García Ortiz.

Por otro lado, la acusación particular, representada por Gabriel Ramos, ha solicitado que se incorporen conversaciones de WhatsApp entre el periodista Miguel Ángel Campos y el abogado de González Amador, además de un artículo publicado por 'El País' que podría arrojar luz sobre los tiempos y contenidos relevantes del caso.

Finalmente, otras acusaciones han apoyado oficialmente estas solicitudes, aunque se han opuesto a la incorporación de los mensajes del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, al considerarlos irrelevantes para la materia en cuestión. La defensa sigue luchando para que se haga justicia en un proceso que consideran viciado desde su inicio.