La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su postura enérgica sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados en la región. En un evento informativo celebrado en la capital española, Ayuso afirmó que la comunidad asumirá su responsabilidad siempre que disponga de los recursos necesarios y arremetió contra la propuesta del Gobierno central de establecer campamentos donde estos jóvenes serían hacinados sin el suficiente conocimiento sobre su procedencia y situación.

Durante su intervención, Ayuso criticó lo que considera la "demagogia socialista" en torno a la cuestión de la inmigración, un tema que considera "insoportable". Se refirió específicamente al centro de menores de La Cantueña, en Fuenlabrada, después de que su alcalde, Javier Ayala, manifestara su desacuerdo. La presidenta destacó que, a pesar de identificarse como socialista y progresista, se distancia de las posiciones extremas que consideran incapaces de abordar adecuadamente la realidad.

La líder madrileña subrayó la reciente inauguración de un centro en Fuenlabrada que cuenta con infraestructura moderna y programas para que estos jóvenes accedan a Formación Profesional y aprendan el idioma, enfatizando que han enfrentado numerosos ataques y pleitos judiciales que han resultado en derrotas para quienes cuestionan su iniciativa, pues, según ella, la razón está de su lado.

No obstante, Ayuso reconoció que los recursos para atender a estos menores están limitados y actualmente son insuficientes, revelando que la Comunidad de Madrid está gestionando un volumen creciente de casos. Aseguró que, cumpliendo con la ley, buscan ofrecer oportunidades a todos los menores, independientemente de su nacionalidad, aunque admitió que preferiría que las condiciones fueran diferentes.

Además, Ayuso hizo un llamado a las instituciones europeas para que "abran los ojos" sobre la situación actual bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez. La presidenta enumeró una serie de incidentes y crisis que destacan la ineficacia de la gestión migratoria, desde el caso del Aquarius hasta los acuerdos con Marruecos y Argelia, advirtiendo sobre los peligros que esto representa no solo para España, sino para toda Europa.

Finalmente, con un tono de desafío, la presidenta instó a que las voces de organizaciones judiciales, asociaciones, ciudadanos y medios de comunicación sean escuchadas por Europa. Según ella, las políticas de inmigración del gobierno no solo afectan a España, sino que tienen repercusiones en todo el continente, haciendo un llamado a una reflexión urgente sobre el manejo de esta problemática que trasciende fronteras.