MADRID, 19 de mayo.

El titular de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha manifestado este lunes el compromiso de la Comunidad de Madrid de respetar las decisiones judiciales, que le obligan a conceder 8.500 licencias de VTC a la empresa Cabify, a pesar de no estar de acuerdo con esta resolución y de haber interpuesto un recurso.

Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el consejero destacó la existencia de "cinco autos" en este extenso proceso judicial que ha durado varios años, y afirmó que la Comunidad agotará todas las instancias legales posibles al no estar conforme con el fallo.

Rodrigo señaló: "Hemos presentado un recurso de reposición ya, y en el momento adecuado, interpondremos un recurso de casación". Añadió que, "siempre que se cumplan los requisitos estipulados por la normativa", la decisión del juez obliga a entregar las licencias.

"Acataremos la sentencia y respetamos la decisión judicial, pues nosotros cumplimos la ley. Sin embargo, no estamos de acuerdo con este veredicto y, por lo tanto, agotaremos la vía judicial que tenemos a nuestra disposición", reiteró con firmeza.

La Comunidad de Madrid ha condicionado la concesión de estas licencias a que Cabify demuestre que posee la flota necesaria para operar con todas ellas, lo cual la empresa considera un desacuerdo con las resoluciones de los tribunales.

Rodrigo expresó su preocupación sobre cómo estas nuevas licencias, y las que puedan surgir en el futuro, podrían amenazar la estabilidad del sector del taxi. Considera que esto podría afectar económicamente a las familias que dependen de este trabajo, un hecho que el Gobierno regional no ve con buenos ojos.

El consejero subrayó la importancia de encontrar un equilibrio entre ambos modelos de transporte. Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay más de 16.000 licencias de taxi y cerca de 9.000 de VTC, cifras que, según afirma, garantizan una adecuada cobertura del servicio para toda la población.

“Defendemos tanto el VTC como el taxi. Lo que buscamos es un balance entre la oferta y la demanda, pero la Comunidad se ve obligada a seguir este mandato judicial, aunque no lo comparta”, enfatizó Rodrigo.

En respuesta a esta situación, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha organizado una manifestación para este martes. Denunció recientemente haber encontrado “irregularidades” en la documentación presentada por Cabify, que evidenciarían posibles fraudes en el proceso.

Por su parte, Cabify sostiene que las 8.500 licencias que le serán otorgadas son el resultado de decisiones judiciales que han respaldado su posición. “Estas licencias han sido concedidas por los tribunales. En España valoramos el cumplimiento de las sentencias”, declaró la empresa que tiene su sede en Estonia.

Cabify solicitó este paquete de autorizaciones el 20 de abril de 2018, justo un día antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy implementara un decreto que limitaba la proporción de VTC a una por cada 30 taxis. La Comunidad de Madrid rechazó dicha solicitud aplicando aquel criterio, lo que motivó el recurso que finalmente llegó al Tribunal Supremo, donde se falló a favor de Cabify.

No obstante, el gobierno central actual aprobó en junio de 2023 una ley que otorga a comunidades autónomas y ayuntamientos herramientas para regular el otorgamiento de licencias VTC basándose en argumentos medioambientales y de gestión de tráfico, luego de que la justicia europea anulara la ratio 1/30, dejando abierta la posibilidad de limitar nuevas autorizaciones por estos motivos.

En julio de 2024, la Comunidad de Madrid volvió a denegar todas las solicitudes, y Cabify recurrió nuevamente a la justicia, logrando que se emitieran nuevas resoluciones a su favor, que reafirmaron su derecho a recibir las autorizaciones.