El cierre del plazo para la transmisión de datos sobre la distribución de menores migrantes en Canarias se produjo el lunes, marcando un punto crítico en la gestión de este desafío social.

Desde Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, informó el domingo que durante el año 2024, la Comunidad de Madrid ha brindado asistencia a 2.442 menores migrantes no acompañados, destacando que los recursos destinados a este fin están funcionando al 132% de su capacidad.

En una rueda de prensa el lunes, Dávila subrayó que en lo que va de 2025 han recibido a más de 950 menores migrantes, advirtiendo que esta afluencia está causando una notable presión sobre los recursos disponibles en el sistema de protección pública. “Los centros y los profesionales están al límite de sus capacidades”, expresó con preocupación.

El envío de esta información sigue las directrices del Ministerio, que estableció el 31 de marzo como fecha límite para obtener datos sobre los menores no acompañados en cada autonomía. Este esfuerzo es parte de un acuerdo para redistribuir a más de 4.000 menores actualmente ubicados en Canarias y Ceuta hacia otras regiones del país.

Dávila ha enfatizado nuevamente la problemática del aeropuerto de Madrid-Barajas, señalado como un punto crítico por donde se registran “llegadas irregulares excesivas”. También cargó contra la falta de control por parte del Gobierno central respecto al acceso a territorio español.

La consejera instó a la administración nacional a diseñar un plan que aborde suficientemente la atención a estos migrantes y a establecer un sistema de control fronterizo más efectivo que evite que más vidas se pongan en riesgo en la peligrosa ruta hacia Canarias, una de las más mortales del mundo.

Con la información recopilada de cada comunidad, será labor del Gobierno central determinar cuántos de los menores migrantes de Canarias deberán ser acogidos por las distintas autonomías, basándose en criterios como la población y la capacidad económica de cada región, así como la diferencia entre los cupos disponibles y los que deberían existir según estimaciones del Ministerio.

Respecto al centro de primera acogida en La Cantueña, que actualmente tiene 96 plazas, Dávila confesó que es el único que podría ser ampliado en este momento, dado que los demás ya han sido ajustados a su máxima capacidad, contribuyendo a la crisis de sobreocupación. “Los servicios técnicos están evaluando la viabilidad de esta ampliación”, añadió.

Además, ha indicado que se están considerando otras posibles ubicaciones en caso de que el reparto de menores migrantes que propone el Gobierno central se efectúe, lo que genera un clima de incertidumbre entre las comunidades autónomas.