El conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha resurgido, con acusaciones mutuas sobre la gestión de los descuentos en el transporte público. Este miércoles, el ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que Óscar Puente, el ministro del ramo, busca crear tensión al amenazar con represalias ante las decisiones tomadas por la Comunidad. La administración regional aseguró que no tiene intención de ocultar información respecto a la financiación de estas medidas.

El trasfondo de esta disputa se centra en el anuncio reciente de la Comunidad de Madrid, que indicó que a partir del 1 de julio los niños hasta los 14 años podrán acceder al abono de transportes de forma gratuita. Esta medida coincide con un programa nacional que fue previamente establecido por el Gobierno central y que será financiado por el propio ministerio.

El ejecutivo central ha destinado una suma de 878 millones de euros con el fin de fomentar el uso del transporte público. Entre estas partidas, se incluyen 355 millones específicamente para implementar la gratuidad del transporte a menores de 15 años en todo el país, además de descuentos significativos para jóvenes y otras franjas de la población, los cuales estarán vigentes desde julio hasta finales de año.

Durante una conferencia de prensa después de la reunión del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo regional, aclaró que la medida fue validada por el Consejo de Administración del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), donde también participa el Ministerio de Transportes. "El ministro participa y vota a favor, ¿cómo podemos ocultar algo en lo que han intervenido?", se preguntó.

García Martín enfatizó que no hay base para afirmar que están ocultando información y criticó al ministro por buscar conflictos sin fundamentos. "No hay nada que ocultar. La búsqueda de polémica es innecesaria", añadió.

Por su parte, el Ministerio de Transportes sostiene que la Comunidad de Madrid está infringiendo las normas estipuladas en la convocatoria de ayudas a las regiones. Según fuentes oficiales, existe la posibilidad de sanciones si se continúa con lo que consideran una omisión intencionada respecto a la obtención de fondos.

Desde el ministerio se recordó que todas las entidades públicas tienen el deber legal de detallar la procedencia de la financiación, tal como se exige en otros contextos, como en los financiados por la Unión Europea, algo que, según ellos, la Comunidad ha dejado de lado.

El ministerio acusó a la Comunidad de intentar manipular la información, asegurando que los beneficios anunciados son el resultado del compromiso con el transporte público y la movilidad sostenible. Sin embargo, la administración regional denunció que la contribución del Ministerio de Fomento al Consorcio Regional de Transporte ha estado estancada durante años. La Comunidad, argumentan, cubre el 73% del coste del transporte público en la región.

El consejero enfatizó que valoran positivamente el intento del Gobierno central de unirse a las iniciativas que ha promovido Madrid en términos de subvenciones, recordando que estas han permitido la gratuidad para los menores de siete años y, desde julio, también para aquellos hasta los 14 años. "Es fundamental reconocer la labor que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado en este ámbito", concluyó.